La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha incluido hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León la orden por la que se aprueba el catálogo de información pública de la Administración de la Comunidad. A partir de hoy, el Gobierno autonómico muestra este nuevo avance en transparencia con la publicación de contenidos e informaciones relevantes relacionados con el funcionamiento y control de la actuación pública, de forma proactiva y sin requerir una solicitud de acceso a una información pública concreta. De un total de 641 contenidos, 583 –el 91 %- son compromisos de publicidad adicionales a las exigencias legales y parten de la implicación y colaboración de todos los centros directivos de la Junta por este proyecto transversal de transparencia. El bloque completo de contenidos se estructura en cinco grandes apartados: sector público, información de relevancia jurídica, relación con la ciudadanía, información por sectores de actividad y derecho de acceso.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el 16 de enero de 2020 un acuerdo con la finalidad de ordenar la confección de un Catálogo de Información Pública en el que se relacionen los contenidos cuya difusión debe promoverse de manera activa, quiénes son sus responsables, los plazos de actualización de cada uno de ellos y los formatos en los que se publicarán. Desde esa fecha, la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno ha mantenido contacto y reuniones con todos los órganos directivos de la Administración autonómica, así como con sus organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y algunas de sus empresas y fundaciones públicas para asistirles en la identificación de los contenidos relevantes que generan en el ejercicio de sus competencias y en la prestación de los servicios de los que son titulares y en la formalización de sus compromisos de publicación.
Algunos de estos contenidos ya se publican en los portales de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, pero otros tantos son actualmente compromisos que se irán materializando progresivamente a medida que la información se genere y prepare para ser publicada en condiciones adecuadas que garanticen la calidad de la información -clara, estructurada, actualizada y accesible, entre otros diferentes atributos-. Así, la Administración no solo cumple con su deber de poner a disposición de la sociedad la información que elabora con cargo al presupuesto público al que todos contribuimos, sino que además facilita también que la ciudadanía conozca mejor cómo, por qué y para qué actúan los poderes públicos, contribuyendo a reforzar la confianza y mejorar la percepción de la ciudadanía en sus responsables públicos.
En el catálogo aprobado se identifica cada uno de los contenidos que se publicarán, la categoría a la que corresponde, su responsable, la periodicidad de revisión o actualización, el origen de la publicación -obligación normativa o de otro tipo-, el formato y cualquier otro dato que se considere relevante. La publicación de los contenidos del catálogo en el Portal de Gobierno Abierto se llevará a cabo progresivamente salvo que constituyan una obligación normativa de publicidad activa, en cuyo caso deberá producirse en el plazo previsto en la norma de que se trate.
A los contenidos del catálogo podrá accederse tanto desde el portal de transparencia como desde el portal de datos abiertos, dependiendo de la naturaleza, finalidad y formato de cada uno de ellos. Las estructuras del portal de transparencia y del catálogo se irán consolidando en una única a medida que se vayan publicando los contenidos.
Los contenidos que se publicarán en el Portal de Transparencia contarán todos ellos con una breve descripción en lenguaje claro y comprensible. Por su parte, los nuevos conjuntos de datos que se publiquen en el Portal de Datos Abiertos seguirán los criterios que rigen la publicación en dicho portal.
Estructura principal en la que se organiza la publicidad activa de este catálogo
La totalidad de las informaciones se hallan en cinco grandes apartados: sector público, información de relevancia jurídica, relación con la ciudadanía, información por sectores de actividad y derecho de acceso:
Sector público contiene a su vez una serie de subepígrafes, que son: Gobierno, Administración pública, Planificación, Recursos humanos, Hacienda, Patrimonio público, Comunicación y Procesos electorales;
Información de relevancia jurídica incluye: legislación, calendario normativo, huella normativa, trámites de audiencia pública, directrices, instrucciones, acuerdos, informes jurídicos de especial importancia, trascendencia o repercusión, instrucciones y directrices interpretativas dictadas por la Dirección de los Servicios Jurídicos, ponencias de los grupos de trabajo formados por letrados de los Servicios Jurídicos, resoluciones judiciales firmes de especial importancia, trascendencia o repercusión, resoluciones judiciales que afectan a la vigencia o interpretación de las normas, resoluciones e informes del Tribunal para la Defensa de la Competencia, directrices y criterios en materia de protección de datos, identidad institucional, ingresos por tasas del Bocyl y registro general de convenios.
Relación con la ciudadanía abarca la atención a la ciudadanía, la calidad de los servicios, la cooperación e inmigración, las entidades sin ánimo de lucro y la Memoria Histórica.
La Información por sectores de actividad engloba Sanidad, Servicios Sociales y bienestar, Educación, Deporte, Cultura, Patrimonio, Turismo, Agricultura, Ganadería, medio ambiente, infraestructuras, urbanismo, vivienda, industria, economía y empleo.
Derecho de acceso incorpora criterios interpretativos sobre derecho de acceso a la información pública, resoluciones denegatorias y de inadmisión de solicitudes de acceso a la información, estadísticas sobre derecho de acceso a la información pública, resoluciones de la Comisión de Transparencia de Castilla y León que afecten a la Administración autonómica, sentencias judiciales frente a resoluciones de la Comisión de Transparencia de Castilla y León y memorias del Comisionado de Transparencia de Castilla y León.