Agustín Sánchez de Vega, (1960, Salamanca), es el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León. Una persona con un brillante currículum académico como profesor de Universidad, una dilatada experiencia en la administración pública y sobre todo fama de persona dialogante. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, con premio extraordinario, y catedrático de Derecho Constitucional desde 1989. Ha sido profesor invitado de Derecho Político en las universidades Pontificia de Salamanca, del País Vasco y de la Universidad Católica de Puerto Rico. Además, ha sido letrado del Tribunal Constitucional Italiano en Roma y es autor de numerosos artículos y publicaciones sobre Derecho Constitucional.

En 2004 dio el salto a la política cuando fue nombrado delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca durante dos legislaturas. En 2011, Alfonso Fernández Mañueco lo incluyó como su principal lugarteniente para el Ayuntamiento de Salamanca. Entonces pasó a ser teniente de alcalde y concejal de Coordinación Territorial y responsable de las relaciones con las universidades. En 2015 no repitió en la candidatura del Partido Popular. Afirmó que había decidido tomarse un descanso en la actividad política. Pero en 2017 vuelve a la escena política. Mañueco lo incluye en su comité autonómico cuando gana las primarias para ser presidente del PP de Castilla y León. Y, finalmente, en 2019, el PP de las Cortes de Castilla y Leon lo llama para ocupar otro puesto que también le va como anillo al dedo de su currículum profesional, al frente de un órgano más en contacto con las leyes, en las que es experto y su auténtica pasión, como es el Consejo Consultivo de Castilla y León. Defensor a ultranza de la Constitución Española, ahora puede seguir aplicando sus conocimientos teóricos y la sabiduría impartida desde la práctica diaria. Hombre de leyes y persona de ley.

P.- Explíquele a los ciudadanos qué es el Consejo Consultivo de Castilla y León.

R.- Es una institución bastante difícil de entender para un ciudadano de a pie. Si ponemos algún ejemplo, yo creo que lo entenderían. El Consejo Consultivo es un órgano principalmente jurídico. Como tal interviene antes de que la administración, en este caso de Castilla y León, local o regional, las diputaciones, incluso la universidad o cualquier otra, tome una decisión. Y pongo un ejemplo, si una persona tiene mala suerte en un tratamiento médico, tiene algún percance en la prestación de los servicios sanitarios, siempre son ejemplos que impactan en la gente, y presenta una reclamación por ese supuesto mal funcionamiento del sistema sanitario, antes de que la administración tome su decisión, intervenimos nosotros obligatoriamente. Tenemos que emitir un dictamen sobre lo que ha ocurrido. De esta manera lo entiende mejor la gente. Esa es la labor y solo, claro, lo podemos hacer desde el punto de vista jurídico con arreglo al ordenamiento jurídico.

P.- ¿Usted cree que es suficientemente conocido por los ciudadanos?

R.- Por eso siempre decimos que nosotros somos el Consejo de Estado en las Comunidades Autónomas, los consejos consultivos, de los que siempre se ha dicho que tienen una labor, un trato y un trabajo discreto. 

P.- Entonces, si nos trasladase, por ejemplo, a los tribunales, ¿a cuáles sería? 

R.- Conocidos por los ciudadanos, la Audiencia Nacional, que es la que aborda problemas de terrorismo, problemas de narcotráfico, programas de impacto social. ¿Qué tribunales son conocidos? Los tribunales penales, pero la gente no sabe qué hacen los tribunales contencioso administrativos. No es esa la cuestión. No son muy atractivos para el ciudadano porque no provocan noticias de impacto. Y a nosotros nos pasa igual. Tenemos un trabajo discreto, no muy conocido, pero muy importante.

Yo no he visto incrementada sustancialmente mi nómina con respecto a la de profesor de universidad. A lo mejor en otros casos pueda ser

P.- Presidente, existe la idea generalizada, aunque no guste la expresión, de que es un buen retiro para los políticos.

R.- Si me preguntas en mi caso, yo no he visto incrementada sustancialmente mi nómina con respecto a la de profesor de universidad. Eso por lo menos en mi caso. A lo mejor en otros casos pueda ser. Pero también en estos órganos, los consejos consultivos, la experiencia es vital. La experiencia como jurista aporta mucho. Y eso también es valorable.

P.- ¿Qué transparencia tiene la Administración pública en Castilla León?

R.- Bastante alta. Nosotros también, por supuesto, cumplimos todas las normas vigentes de transparencia. En cuanto a todo tipo de datos están publicados en nuestra página web y por parte de la Administración sucede lo mismo. Fíjate que coincidencia, tenemos entre nuestros expedientes la reforma de la Ley de Transparencia de la Junta de Castilla y León, de la que vamos a dictaminar en unos días.

P.- ¿El Ejecutivo consulta a menudo con el Consultivo y tiene en cuenta sus dictámenes?

R.- Pues verás, Luis, el Gobierno regional consulta obligatoriamente porque la ley lo impone, la ley exige que nos tiene que consultar. Por eso se dice preceptivamente, es necesario consultarnos. Por ejemplo, a la hora de elaborar un anteproyecto de ley o un decreto. Respecto a la segunda parte, si nos tiene en cuenta, lo valorábamos en la memoria que hacemos todos los años, en torno a un 98 por ciento de nuestras consideraciones se incluyen en los anteproyectos de ley o en las decisiones administrativas. Por ello tiene buen respaldo.

P.- ¿Están bien defendidos los derechos de los ciudadanos en Castilla y León?

R.- En lo que a nosotros corresponde, por supuesto que sí. Es decir, el trasfondo, efectivamente, es el de los derechos en general de los ciudadanos. El derecho a una buena administración, el derecho a una rápida respuesta. Ponemos el ejemplo ese de la administración sanitaria. Por nuestra parte hacemos todo lo posible. Evidentemente son a veces expedientes muy complicados que exigen a la Administración una serie de informes que necesariamente tienen que estar y aparecer en el expediente, para que nosotros podamos emitir dictamen. Pero en general, yo creo que el ciudadano tiene bastantes mecanismos de protección de sus derechos en estos tiempos turbulentos.

P.-¿Está bien regulado el Consejo Consultivo de Castilla y León?

R.- Está bien regulado en general. Nosotros hemos aportado nuestro granito de arena para que se elabore una propuesta de una ley para el Consejo, sobre todo porque somos el único caso en España que, a la vez que Consejo Consultivo, somos Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. En todas las comunidades autónomas sus tribunales están separados de los Consejos Consultivos y, en el caso de Castilla y León, con el carácter austero que tenemos, se incluye en el Consejo Consultivo. Esa parte que nosotros ejercemos de funciones tienen un cariz algo diferente, porque ahí nuestras resoluciones son vinculantes para quien recurre un contrato público. Y por supuesto, el trasfondo sigue siendo el mismo, el problema del derecho del ordenamiento jurídico en ambos casos.

P.- Estamos en Castilla León, una región o autonomía vaciada y cada día más, excepto Valladolid y ciertas áreas adyacentes como pueden ser Palencia o algo Burgos. ¿Qué tiene que decir el Consultivo respecto al impacto demográfico?

R.- Tiene que decir mucho. De hecho, lo hemos dicho ya en el primer informe que hace el Consejo Consultivo a iniciativa propia, que podemos hacer sin que nos lo pida la Junta de Castilla y León o los órganos que tienen posibilidad de solicitarlo. 

P.- ¿En qué consiste? 

R.- Principalmente en que si uno de los graves problemas de Castilla y León es el reto demográfico, la despoblación, sobre todo en determinadas zonas, aconsejamos a la Junta de Castilla y León que cuando elabore una norma, a lo largo de todo el procedimiento de elaboración de un anteproyecto de ley o de un proyecto de decreto, inserte un informe sobre qué consecuencias pueda tener en el futuro esa norma que quiere poner en vigor en el mundo rural. Qué impacto tiene frente a la despoblación, si será positivo o desfavorable. Es un poco una labor de prospectiva de cuáles pueden ser las consecuencias de esa norma. Queremos poner en marcha también una norma sobre vivienda, otra sobre subvenciones al comercio o sobre la materia que fuese necesaria. 

P.- ¿Y ello qué impacto va a tener en las zonas despobladas de Castilla y León?

R.- Eso es lo que le decimos. Un informe de prospectivas, que exige una valoración. Esa perspectiva lleva a la Junta de Castilla y León a valorar ella misma las consecuencias que pueda tener. Si es perjudicial, no tomes la decisión. Si es favorable, ya sabemos cuáles pueden ser las decisiones del Consultivo. Nuestra labor es estrictamente jurídica, y nosotros no podemos, salvo que nos pidiesen un estudio pormenorizado la Junta o incluso las Cortes, tomar esa decisión. 

Si los informes de la Junta al dictar una normativa son desfavorables sobre el impacto poblacional del mundo rural, no debería adoptarlos

P.- ¿Cuál ha sido el mayor problema que se ha encontrado usted como presidente del Consultivo?

R.- Ya son dos años y pico como presidente. La verdad es que es una institución muy rodada y, por lo tanto, con técnicos muy importantes. Los letrados son buenos especialistas en derecho y, por tanto, grandes problemas no nos hemos encontrado en cuanto al contenido de lo que hacemos. Tengo que decir que la labor de estos consejos en toda España, en todas las comunidades autónomas, es muy positiva. En cuanto se construye una administración pública autonómica seria se necesitan estos consejos consultivos. Por lo tanto, encontramos una institución plenamente en funcionamiento. 

P.- ¿La Junta cumple?

R.- Por supuesto que sí. Como decía hace un momento, nuestras recomendaciones, nuestras sugerencias, incluso las condiciones objetivas que a veces ponemos porque están rozando la legalidad o situaciones contrarias al ordenamiento, todas son corregidas.

P.- ¿No cree que existen demasiadas instituciones, y que no comprenden bien los ciudadanos?

R.- Este es un arma de doble filo. Son instituciones que pretenden proteger los derechos de los ciudadanos, y pretenden hacer que la administración funcione lo mejor posible. En toda Europa, no sólo España, y añadiría también Estados Unidos. Todos los países están llenos de problemas nuevos que se intentan resolver con funciones nuevas. ¿Qué ocurre? En este caso, hay que ejemplificar con Castilla y León, que esos nuevos problemas que van surgiendo, hay que afrontarlos en otras comunidades autónomas con nuevos órganos. En Castilla y León no es este caso, si tengo que romper una lanza por por esta Comunidad. El ejemplo que hemos puesto, es decir, lo que ocurre en el Consejo Consultivo al que se adscribe el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que tiene origen en el derecho europeo, y que ya lo tiene implantado Castilla y León. Un órgano jurídico que funciona muy bien. Existe un tribunal administrativo, que plantea y resuelve problemas jurídicos, correctísimo desde mi punto de vista. Tenemos también un Consejo de Cuentas que fiscaliza las cuentas de todas las administraciones. Si tuviera que constituirse alguna otra institución, procedente del derecho europeo, derivada de un problema que se plantea diariamente de cuentas, de dineros, de fiscalizaciones, de contabilidad, de ayuntamientos... ya se adscriben, en Castilla y León, al Consejo de Cuentas. Así ha hecho también con el Procurador del Común, que es un órgano relacionado con el ciudadano, con todas las quejas que se nos puedan ocurrir del funcionamiento de la Administración, y que tiene una relación directa con el pueblo, al que incluso le escriben cartas a mano. Si se nos impone por la ley estatal y por el derecho europeo la necesidad de un organismo encargado de la transparencia, por qué no la adscribimos al Procurador del Común. Por eso digo que, en este caso, Castilla y León está, digamos, a la cabeza en cuanto a ahorro de instituciones y medios para poner en funcionamiento nuevas funciones que nos piden. Y eso creo que es muy favorable.