Los grupos parlamentarios ven “predisposición” para el acuerdo en el proyecto de ley del Tercer Sector Social en Castilla y León, cuya tramitación arranca en las Cortes con el objetivo de que pueda estar aprobada en el mes de septiembre, dado que se trata de una norma “fundamental e importante” y esperada por las entidades sociales.

Castilla y León cuenta con 3.300 entidades que conforman el tercer sector y que prestan más de 5.000 servicios a las personas más vulnerables de la Comunidad, entre las que se encuentran mayores, menores, personas con discapacidad y colectivos que buscan la inclusión social.

El socialista Rubén Illera, el 'popular' Miguel Ángel García Nieto y la procuradora 'morada' Laura Domínguez, en declaraciones a Ical, valoraron la importancia de esta norma, remitida por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a la que no se ha presentado enmienda a la totalidad, y expresaron la voluntad de llegar a un acuerdo.

No obstante, Illera vincula el acuerdo a que la ley vaya más allá de “una declaración de intenciones” y destaca, entre las líneas rojas, la institucionalización de la relación con el tercer sector para su participación activa en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas sociales de su competencia. “Es necesario el acuerdo pero no a costa de todo”, resume.

“No va a ser una ley problemática, ni de pelea política”, opina García Nieto, que avanza como calendario a plantear a los grupos constituir ya la ponencia y tener el dictamen de la Comisión, con trabajo incluso en julio, para su aprobación en un pleno de septiembre. “Es razonable”, dice el socialista.

Tanto Rubén Illera como Laura Domínguez cuestionan que en este proyecto se recoja la modificación de la ley del Voluntariado de Castilla y León, ya que entienden que existe entidad propia para una regulación por separado como han señalado informes jurídicos y las propias entidades. “Es utilizar la puerta de atrás”, dice el socialista. “Es una chapuza”, califica la procuradora de Podemos.

Sin embargo, García Nieto afirma que es “muy positivo” y “un acierto” que vayan de la mano porque considera que no se entiende el tercer sector sin el voluntariado y al revés. “Esta clara interconexión entre los ámbitos subjetivos y objetivos del Tercer Sector Social y el voluntariado, motiva la oportunidad de adecuar y acompasar ambas regulaciones”, se argumenta en el proyecto de ley enviado por la consejera Isabel Blanco.

Concertación

Grupo Socialista, Grupo Popular y Ciudadanos y Podemos presentan una enmienda por separado para una mejor regulación y dar más seguridad jurídica de la concertación social, como demanda la Plataforma del Tercer Sector, con la que todos ellos se han reunido y recogido la propuesta, de manera que “no habrá problema” para que sea aprobada, reconocen.

La enmienda de PP y Cs sobre la concertación es amplia y aclara aspectos técnicos como las fórmulas o la firma para que “las entidades no den palos de ciego y quede todo claro y reglamentado”, explica el procurador popular.

“Es lógico que se recoja” el apartado de la concertación como modificación de la ley de Servicios Sociales, indica el socialista, que, no obstante, cree que el PP se enmienda a él mismo en dos de los artículos de su amplia propuesta por "no haber hecho los deberes".

Mesa de Diálogo Civil

El Grupo Socialista, que ha presentado 34 enmiendas, plantea la constitución de una Mesa del Diálogo Civil con el Tercer Sector Social, con composición paritaria, y funciones en el diseño de políticas públicas de inclusión y cohesión social y en la elaboración, seguimiento y evaluación de un plan estratégico de impulso y promoción de este sector, que se aprobaría en los primeros seis meses de cada legislatura.

También, considera que el modelo público de financiación principal de las entidades del tercer sector no puede ser sustituido por otro que no sea de origen propio de la Administración autonómica. Rubén Illera explica que están de acuerdo en que se recoja la aportación de actividades sociales del IRPF, pero complementaria a los fondos propios de la Junta.

Igualmente, plantea que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley estén aprobados los desarrollos reglamentarios del censo de organizaciones del tercer sector. “Fijamos tiempos, no queremos que caiga en saco roto”, anota el socialista.

Podemos presenta 29 enmiendas destinadas a mejorar el contenido en relación a la introducción de la igualdad entre hombres y mujeres en las entidades del tercer sector o ampliar las posibilidades de intervención social más allá de los servicios sociales ya que se interviene en otros ámbitos como vivienda, empleo o sanidad.