El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Alfonso Arroyo González, pidió hoy “desechar” la idea de que los fondos del carbón “no han servido para nada” porque “la situación de las comarcas ha mejorado”, aunque reconoció un margen para agilizar la firma de los convenios y no demorar las inversiones.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre las ayudas recibidas por la Comunidad en el marco de los planes estratégicos del carbón formalizados en la línea de ayudas a la reactivación de las comarcas mineras, Arroyo González detalló que los objetivos de los tres planes nacionales entre 1998-2018 eran la reconversión del entonces sector estratégico y la reactivación mediante líneas estatales con la colaboración de la Junta.

El director general, que asumió el cargo el 1 de enero de 2019 pero que tiene un conocimiento por anteriores puestos de técnicos en la Dirección General, explicó que el reparto inicial se realizaba por el Estado conforme a unos criterios base y objetivos, pero la última palabra sobre las actuaciones a realizar era por la comisión de coordinación Estado-Comunidad, a la que Castilla y León llevaba una propuesta autonómica.

“La Comunidad Autónoma era una intermediaria de los fondos”, precisó, si bien afirmó que ha habido control, coordinación, planificación y fiscalización, porque existen los instrumentos, entre el Estado y la Comunidad, aunque estimó que pudo existir falta de medios para la gestión de “la ingente cantidad” de actuaciones.

De esa manera, respondió a preguntas del procurador de UPL, Luis Mariano Santos, que también subrayó que la Junta “se ahorro dinero” al destinar los fondos mineros a competencias básicas suyas, a lo que el director general añadió que el Ejecutivo tenía un compromiso de adicionalidad del 25 por ciento de lo recibido por el Estado.

En el primer plan 1998-2003, Castilla y León recibió 713 millones para las cuencas mineras, de los que 450 millones fueron a infraestructuras y abastecimiento de agua, cuestionado por Santos, pero Arroyo González argumentó que en el plan había una línea de infraestructuras y que su mejora, por la ubicación alejada de las cuencas, era necesaria para su reactivación.

Tras recordar que la Comunidad recibió un 30 por ciento del montante estatal, defendió el trabajo conjunto de fondos que cada vez han sido más escasos, pero subrayó que la Junta ha puesto en marcha sus planes complementarios, como el actual de dinamización de las comarcas mineras.

A preguntas de Blanca Negrete (Cs) y Amparo Vidal (PP), reconoció “ámbito de mejora” para agilizar la firma de los convenios Estado-Comunidad, ya que suelen pasar más de seis meses desde que se decide la actuación hasta que se firma, para no dilatar en el tiemplo la ejecución de las inversiones, siempre con un decalaje, ya que ahora está en marcha aun el último plan 2013-2018.

En relación a si los fondos han servido para su objetivo, el director general estimó que el análisis corresponde al Estado al ser planes nacionales, liderados desde arriba, pero consideró que la valoración es positiva aunque afirmó que “hay que redoblar esfuerzos” por todas las administraciones.

“Se han hecho muchas cosas, hay que desterrar la idea de que los fondos no han servido para nada, la situación de las comarcas ha mejorado”, resumió al final de su intervención en respuesta a las preguntas del socialista Javier Campos, si bien anotó la complejidad para revertir la situación de unas zonas con una dependencia exclusiva de la minería, que ya no existe, por lo que abogó por centrarse en los recursos endógenos de estas comarcas.

Por último, saludó la llegada de los nuevos fondos de la transición justa, aunque afirmó que en las comarcas mineras no hay ese paso porque se han cerrado las minas y las centrales, donde lamentó que no se hubiera decidido una devolución gradual de las ayudas por las empresas en caso de mantener abiertas las explotaciones.