La Junta de Castilla y León ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que dé un impulso a la negociación que le consta que se lleva a cabo para poner en marcha medidas y reformas que permitan reducir la temporalidad en el empleo público.

Así lo ha señalado el consejero de la Presidencia de Castilla y León, Ángel Ibáñez, en el marco de la presentación del anteproyecto de Ley de Función Pública, en la que ha estado acompañado por la director general de éste área, Paloma Rivero, quien ha aclarado que esta cuestión corresponde a la normativa básica y se trabaja en el ámbito estatal desde hace un año.

En este contexto, Ángel Ibáñez ha realizado un llamamiento al Ejecutivo central para que se dé un "impulso definitivo" a esta cuestión, que ha asegurado que afecta a "miles de familias" y ha expresado el "firme convencimiento" de darle una salida.

Esta voluntad es "firme e inequívoca", ha señalado el consejero, quien ha aclarado que es necesario un marco jurídico global para que no sea cada comunidad autónoma la que lo aborde de forma individual, sino que no trate cada comunidad autónoma de resolver este problema por su cuenta, sino con una normativa global y, en función de las capacidades que se otorguen, hacerlo.

Ibáñez ha "animado" al Gobierno a que dé este paso, aunque le conste que está en negociación, y ha insistido en que lo primero es necesario un "buen acuerdo" y ha asegurado que Castilla y León está dispuesta ha hacer todo lo que pueda hacer para resolver el problema de la temporalidad.

En cuanto a las propuestas para abordar el problema, el consejero de la Presidencia cree que se pueden poner sobre la mesa de todo tipo, pero tienen que respetar los preceptos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, el ordenamiento jurídico actual y tener en cuenta las directivas en esta materia.