Un exalto cargo de la Junta sospecha que hubo “concatenación de tiempos” en la autorización de parques eólicos

El exjefe del Servicio Territorial de Industria en Soria, Gabriel Ángel Jiménez, aseguró hoy que tiene la sospecha personal de que hubo una “concatenación de tiempos” en la tramitación y autorización de parques eólicos, en virtud del “juego” existente en la compraventa de participaciones de empresas, tras conocer la querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Jiménez, que estuvo investigado hasta que en marzo se archivaron las diligencias contra él, se mostró avergonzado de haber incluso facilitado desde su cargo los hechos conocidos durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación de las Cortes sobre todo el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos, la adquisición de terrenos en Portillo y el edificio de Arroyo de la Encomienda y sobre las oficinas de la Comunidad en el exterior.

Gabriel Ángel Jiménez sostuvo que no le extrañaba que se produjeran los hechos investigados porque en aquel momento se produjo una “fiebre” con los parques eólicos, debido a las tarifas diseñadas para el pago.

“Era un chollo económico”, dijo y añadió que por ejemplo un parque construido para facturar 600 millones al año en tarifas privilegiadas, podía amortizar la inversión en ocho años. Esto dijo, hizo que hubiera una “competencia feroz” y unas “ganas de negocio” que se desbocaron. “Era muy goloso”, apostilló.

Jiménez expuso que desde la Consejería de Economía se les indicaba los parques que iban a estar sujetos a la avocación de competencias para su autorización, por lo que se encargaban de la tramitación del expediente y la remitían, y otros los resolvían, con dos condiciones, el posible cambio de tarifa y la posibilidad de quedarse sin capacidad de evacuación en los núcleos de Red Eléctrica Española.

En esos casos, señaló, les llamaban desde la Consejería, la Dirección General o de Tomás Ciria, en virtud del ‘semáforo’ existente, que determinaba con tres colores -rojo, amarillo y verde- el estado de cada proyecto, de forma que se podía conocer sí contaba con la declaración de impacto ambiental favorable para poder salir adelante o si este procedimiento estaba paralizado.

Por ello, el exalto cargo, funcionario desde 1984 de la Comunidad y jefe de servicio entre junio de 1995 y noviembre de 2011, expuso que en la tramitación de los expedientes de parques eólicos eran “buzones de correo en muchos casos” y añadió que con la avocación de algunos proyectos, para que la autorización recayera en la Consejería de Economía y no en las delegaciones territoriales, habría “algún interés superior”.

No obstante, el compareciente consideró razonable la utilización de la avocación en favor de la consejería ante el volumen de solicitudes por lo que añadió que la Consejería tuvo que prensar algún modelo para ver “cómo enderezar aquella maraña”, si bien insistió en que otra cosa es el uso que se hiciera de ese procedimiento. También destacó los esfuerzos hechos para no perder la capacidad de evacuación en la Comunidad.

Por ello, aseguró desconocer los “manejos” con la compraventa de acciones y añadió que se enteró de ello cuando se conoció la investigación de la Fiscalía, porque indicó que lo único que les llegaba de la Dirección General eran los cambios de titularidad pero no de los “juegos” existentes. También, explicó que no se cobraron las tasas por orden de la Junta hasta que se aprobaran y autorizaran los proyectos eólicos, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción entendía que se debían abonar nada más presentar el expediente.

Gabriel Ángel Jiménez reconoció tener relación con relación José María González Vélez, pero insistió en que él no había vivido en su momento los hechos relatados por el empresario y presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) entre 2004 y 2012, José María González Vélez, quien aseguró que cedió derechos para que le dieran la autorización en los de Sahagún.

Honestidad

La socialista Patricia Gómez puso en valor la honestidad y la colaboración del que fuera funcionario de la Junta en Soria, al considerar que no fuera normal lo ocurrido. De hecho, apuntó que el ‘semáforo’ y la avocación hizo que las autorizaciones dependiera del exviceconsejero Rafael Delgado, lo que añadió dio lugar a una de las mayores tramas de corrupción. Además, aludió a las responsabilidades políticas de quienes eran consejeros y miembros del Gobierno autonómico.

En nombre de Ciudadanos, José Ignacio Delgado planteó al compareciente por sus competencias en su etapa de jefe de Servicio en Soria, y se interesó por otro proyecto eólico de Montes Torozos, después de que el empresario José María González Vélez, asegura que cedió derechos para que le dieran la autorización en los de Sahagún (León). Además, recordó la sucesora del compareciente Araceli Conde encontró por casualidad en un cajón el denominado semáforo.

Por su parte, la procuradora de Podemos, Laura Domínguez, se interesó por el cobro de las tasas en los proyectos así como sobre las autorizaciones y el cambio de tarifas. También se refirió al parque de El Rasero, promovido por Altos El Rasero, y Ventosa del Ducado, de Biovent -Iberdrola-, que recordó figuran como parte de la trama eólica, ya que indicó se pudo producir una presunta paralización del primero en beneficio del segundo, que terminó quedándose, dijo, con parte del terreno.

Finalmente, el ‘popular’ Salvador Cruz preguntó cuando conocía las jefaturas de servicio los cambios de titularidad y se refirió a la existencia de un ‘semáforo’ con tres colores, como un sistema de trabajo, ante el volumen de proyectos que se estaban tramitando en aquel momento. Además, puso de manifiesto que hubiera hechos que la Fiscalía incluyera en su querella que el compareciente negaba.