Un total de 18 comparecientes declararán en seis sesiones en julio en la Comisión de Investigación que intenta dirimir responsabilidades políticas sobre la llamada trama eólica, el polígono de Portillo y el edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda. Lo hará a lo largo de un mes habilitado para ello en las Cortes que agilizará el procedimiento y que también dejará jornadas intensas, como las celebradas en los últimos dos meses, tiempo en el que han pasado 12 personas. Así lo anunció hoy la presidenta de la Comisión, la socialista Ana Sánchez, que hizo balance desde el 29 de abril en que pasó a ocupar la Presidencia de la misma, arrebatándosela a Ciudadanos al perder la coalición la mayoría en la Cámara.
Sánchez señaló que tras el verano ya solo quedarán nueve personas por comparecer de la lista original pactada entre los grupos, si bien anunció que solicitarán más nombres para entonces, entre los que se encuentran los del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien ya acudieron una vez cuando la Presidencia estaba en manos de la formación naranja. También, adelantó que cabe la posibilidad de llamar al exconsejero de Economía y Hacienda Fernando Becker (1991-1995), después de que este miércoles el juzgado central de Instrucción número 6 aceptara la petición de la Fiscalía Anticorrupción y acordara citarlo como investigado, junto al presidente actual de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que comparecerá, precisamente en la comisión de las Cortes, el 14 de julio, tal y como recordó la propia Ana Sánchez.
“No hay día sin presunto corrupto del PP de Castilla y León en las últimas décadas”, sentenció la presidenta de la comisión en relación con el llamamiento de Becker, predecesor del malogrado Tomás Villanueva en el cargo autonómico. “¿A quién le sorprende? PP, corrupción y Castilla y León van unidos. ¿Cuándo fue el origen y el germen de 'Sicilia y León'?, se cuestionó Sánchez, quien espetó que la comisión investigará hasta el final “dónde está hasta el último céntimo saqueado a los castellanos y leoneses en esta trama de los más de 1.100 millones de euros”.
Sánchez, que compareció junto a la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, en la comisión, expuso que en los últimos días los procuradores de PP y CS “se han hecho los ofendiditos” y acusaron a la presidenta de ocultar información. “No hemos escondido nada; ellos intentan impedir y frenar el avance de la comisión”, les acusó, antes de pedirles “mesura”. También advirtió a 'populares' y a la formación naranja que “quien está muy enfadado” es el juez Ruz.
El “sello del PP”
Por su parte, Gómez recordó que con las comparecencias celebradas hasta ahora ya se pueden concluir que “todas ellas llevan el sello del PP autonómico”. Destacó la intervención del exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán Gómez, quien se acogió a su derecho a no declarar por estar llamada por un juzgado, pero señalo igualmente que “todas las decisiones eran dadas por la Consejería de Economía y la Junta”; o la de Jiménez Martínez, de Soria, quien admitió “concatenaciones sospechosas de actuaciones”.
“Está claro que Mañueco y Carriedo siempre estaban ahí”, sostuvo Gómez, en relación a que el actual jefe del Ejecutivo era consejero de Interior y Justicia. “¿Todo el mundo lo sabían menos ellos?”, preguntó entre ironía. También se despachó con Ciudadanos, a quien recordó que “venía a regenerar y ahora tapa la corrupción”.