Tres empresarios investigados en la ‘trama eólica' se acogen a su derecho a no declarar en las Cortes

Los tres empresarios investigados en la ‘trama eólica' y que estaban citados esta tarde en la comisión de investigación que analiza el caso en las Cortes, se acogieron a su derecho a no declarar en el Parlamento dada su condición de imputados en la causa que el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid sigue sobre el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos. Tanto Carlos Galdón, administrador único de Avanzalia Solar, como Ricardo Bravo, que fuera director de Ibercyl, y Patricio Llorente, de Collosa, defendieron su derecho constitucional para preservar su defensa ante el tribunal.

El primero en intervenir fue Galdón, quien fue el único también que se salió ligeramente del guion para asegurar que siempre ha actuado “de forma honesta” y que es “absolutamente inocente”. “Me gustaría poder explicarles todo lo que pasó, pero tengo que hacerlo ante un tribunal de justicia”, reiteró, después de mostrar su respeto por el trabajo de los procuradores. Admitió que las preguntas efectuadas por los distintos portavoces de los grupos parlamentarios son “claves” para entender lo que sucedió, pero siempre ratificando que no se pronunciaría al respecto.

El compareciente aprovechó para destacar que Salamanca albergó la primera planta de un megavatio del mundo, levantada por su empresa, antes de que “se hicieran otras mucho más grandes”. Además, el expresidente de GSK recordó que gracias a su intercesión, la farmacéutica se instaló en Aranda de Duero, “cuando solo se ubicaban en Madrid o Barcelona”. “Estoy bastante comprometido con esta tierra”, sentenció.

En la misma línea, aunque con la misma respuesta para todos los portavoces, se pronunció el que fuera director de Ibercyl Ricardo Bravo Sayas, quien reiteró en varias ocasiones su opción de mantenerse en silencio. “No voy a decir nada fuera del Juzgado”, declaró.

Al inicio de su comparecencia en la comisión de investigación, Bravo leyó un escrito que dirigió a las Cortes, en el que expone que cumple con su deber al acudir a la comisión, pero que mantendría el silencio en su condición de investigado por el Juzgado número 4 de Valladolid.

A diferencia de otros comparecientes que están investigados y han pasado por la comisión, el ex directivo de Ibercyl (empresa subsidiaria de energías renovables de Iberdrola) no se declaró inocente en los hechos, pese a que se lo preguntó Francisco Javier Panizo (Cs), ni realizó ningún matiz a su primera aseveración. “No puedo contestar”, reiteró.

No obstante, los portavoces en la comisión, excepto Salvador Cruz (PP), formularon preguntas sobre los contratos firmados entre Ibercyl y San Cayetano Wind, empresa de los hermanos Esgueva, encausados en la trama, los proyectos en los que participó su firma o la relación con el entonces vicepresidente y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ya fallecido, y con Rafael Delgado.

La socialista Patricia Gómez recordó lo que dice la querella de la Fiscalía Anticorrupción en relación con la empresa Ibercyl, que la califica de “cooperador necesario en la trama” y subrayó que esos hechos han supuesto comisiones de 110 millones de euros “para favorecer a determinadas personas”.

Así, la procuradora de Podemos, Laura Domínguez, se refirió a la firma de tres contratos con empresas asociadas a los hermanos Esgueva, por los que la firma San Cayetano cobró una prima desproporcionada a Ibercyl, por lo que “no parece que fuera beneficioso” para la segunda.

Por su parte, Panizo preguntó por su entrada en Ibercyl, por su experiencia, por los proyectos en que participó como responsable de la empresa, por su relación con Tomás Villanueva y Rafael Delgado y por la agilización de los permisos tras la entrada de socios locales en los proyectos de parques eólicos.

“No quiero faltar al respeto”

Cerró el turno en la tarde de hoy Patricio Llorente, de Collosa, otro de los 17 encausados por el juez de Instrucción. “No es que no quiera responder, es que no puedo porque está pendiente el asunto judicial”, expuso, para disculparse con todos los portavoces que le formulaban cada una de las preguntas. “Para nada quiero faltar al respeto con este silencio”, citó continuamente.

El portavoz del PP le invitó a responder si, como aseguró en la comisión el presidente de Preneal, José Pérez Arizaga, “nadie le indicaba que buscara socios locales y que contrató a Collosa porque le parecía un buen socio”, a lo que Llorente también desestimó contestar. La socialista Patricia Gómez le preguntó si “conocía que su empresa se encontraba en la lista de socios locales facilitada por Fernández Chico, que no era un alma caritativa”. “Los socios locales no estaban elegidos al azar, sino previamente concertados, como era Iberduero, de la que Collosa era propietario”, le recordó a Llorente.

También incidió Gómez en que en febrero de 2020 la defensa del encausado pidió al juez que le apartara de la causa porque “determinaban que no había indicios de criminalidad”, pero en marzo de 2021 sí “les imputó” porque “habían tenido unos grandes beneficios”. “Imagino que Collosa tendrá unos beneficios importantes gracias a esa visión empresarial, al ver esa manera de hacer negocio; porque la otra opción es que te toque la lotería siempre, como al señor Fabra, presidente de la Diputación de Castellón”, justificó Gómez, quien cerró su turno y la sesión de este miércoles con una última pregunta que Llorente también declinó responder: “El consejero de la Transparencia, el señor Igea, siempre ha dicho que Ciudadanos y la lucha contra la corrupción se dan golpes de pecho. ¿Considera que se está haciendo todo lo posible por destapar la corrupción por parte de la Junta o también le da la risa como al resto de los castellanos y leoneses?”