El empresario Miguel Ángel Llorente Muñoz,del Grupo Collosa, y el director del negocio de renovables de Iberdrola, Xabier Viteri, se acogieron esta tarde a su derecho a no declarar ante la Comisión que investiga el procedimiento de adjudicación de parques eólicas en las Cortes de Castilla y León.
No obstante, los portavoces de los distintos grupos lanzaron diversas preguntas. La socialista Patricia Gómez planteó a Miguel Ángel Llorente si la Junta era un buen cliente para Collosa, porque le recordó que llegó a factura en pocos años 134,4 millones y hasta 304 a través de uniones temporales con otras compañías. Además, preguntó si tuvieron que abonar comisiones por un negocio “redondo” como el que suponía a juicio ganar una importante cantidad de dinero -10,4 millones- con una aportación de 51.000 euros.
El procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado planteó sin éxito al compareciente cuál había sido el motivo por el que dieron el paso desde la construcción a la promoción de parques eólicos, y porque eligieron a políticos en activos para recibir asesoramiento y no a técnicos. Delgado aseguró que siempre mantienen la “esperanza” de que los que acuden a la comisión declaren algo y lo invitó a volver a las Cortes cuando la justicia dictamine para “dar luz a la cuestión”.
Finalmente, la procuradora de Podemos Laura Domínguez optó por no reiterar las mismas cuestiones que planteó a su hermano Patricio Llorente y se remitió al Diario de Sesiones de las Cortes. También el ‘popular’ Alberto de Castro decidió no formular ninguna pregunta.
Por su parte, el director del negocio de renovables de Iberdrola, Xabier Viteri Solaum, argumentó que aunque las diligencias abiertas contra él por el Juzgado número cuatro de Valladolid se archivaron el pasado mes de marzo, se trata de un auto que no es firme, por lo que su declaración, según indicó, lo podía perjudicar en su defensa en sede judicial.
Desde el Grupo Socialista, Patricia Gómez, preguntó cómo es posible que Ibercyl, filial de Iberdrola, comprara las acciones de San Cayetano Wind por más de 47 millones de euros, cuando tres años antes la aportación inicial había sido de 24.000 euros.
También se refirió a un caso similar con Villafrades Eólicas, que tras una aportación inicial de 357.000 euros, tres meses después reciben de Ibercyl por esas acciones más de 4,2 millones de euros. En este sentido, apuntó que este negocio le costó dinero a Ibredrola, “ya que el beneficio legal no se ve por ningún sitio” y le preguntó a Xabier Viteri si fueron decisiones tomadas desde la cúpula de la compañía.
Corrupción
Gómez también aseguró que, a pesar de la posición de algunos partidos como el PP, no se puede normalizar la corrupción, y apuntó que las prácticas ocurridas en Castilla y León alrededor de la instalación de parques eólicos no se han repetido en ninguna otra comunidad
A su vez, el portavoz del Grupo Popular, Alberto Castro, preguntó sobre el plan estratégico de renovables de Iberdrola en Castilla y León y “sin culpabilizar a Iberdrola por su decisión de buscar socios locales para la implantación de parque eólicos”, también pidió explicaciones sobre si es habitual esta práctica era habitual en el sector y en otras comunidades. En este sentido, recordó el testimonio de otros comparecientes que indicaron que lo que ocurrió en Castilla y León era semejante a lo que pasó en otros puntos del país.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Francisco Javier Panizo, hizo referencia a la relación contractual entre Biovent y San Cayetano Wind, empresa propiedad de los hermanos Esgueva, y preguntó por los cobros que San Cayetano recibía de Biovent antes de que se construyeran los parques eólicos, obteniendo de esta forma un beneficio, “cuanto menos sospechoso”.
Además, Panizo aseguró que es difícil de entender que una multinacional como Ibredrola necesitara un socio local para crear una sociedad conjunta con un capital social de 24.000 euros con el objetivo de implantar parques eólicos. “Entendemos que hay algo más”, aseveró el procurador de Cs, a la vez que preguntó si se asumía como un coste más la necesidad de tener que asociarse con empresarios locales para entrar en el negocio de las eólicas, y si esta práctica era habitual en el sector.
Mientras tanto, desde el Grupo Mixto la procuradora de Podemos Laura Domínguez hizo referencia el acuerdo con San Cayetano Wind para la liquidación de compraventa de acciones a Energía Global Castellana y se preguntó cuál era el beneficio para Ibercyl y Biovent. En este sentido, Domínguez indicó que, según la Fiscalía, el único beneficio era promover rápidamente parques eólicos beneficiando de forma ilícita a empresarios locales, y apuntó que Ibercyl tuvo que colaborar en este fraude, dado que no logró ningún beneficio.