La presidenta de la comisión de investigación de las eólicas, Ana Sánchez, y la portavoz socialista en la misma, Patricia Gómez, consideraron hoy que “se constata la mismísima mafia siciliana” de los comparecientes de parte, exaltos cargos de la Junta, porque o pierden la memoria, o no se acuerdan de nada o se acogen al derecho de no declarar en sus comparecencias.

En una valoración posterior a la comisión, Gómez se refirió a los dos comparecientes de hoy, José Antonio Martínez Bermejo, exdirector gerente de la Agencia de Inversiones y Servicios y actual concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, y a José Armando Baeta, exdirector general de Presupuestos y miembro del consejo de administración de Gesturcal en el momento de arrendamiento y posterior compra del edificio de Arroyo.

Del primero, manifestó que no ha aportado nada, ya que señaló que no estaba entre sus funciones y que la operación se decidió antes de llegar a ese puesto en Ade y del segundo lamentó que no viera un perjuicio al erario público en el precio de compra del inmueble, sede de varios entes económicos de la Junta.

Por su parte, Sánchez sentenció que “se constata la mismísima mafia siciliana” en los comparecientes de parte en unos hechos “infames” y añadió que se comprueba “el modus operandi del Partido Popular para tapar la corrupción” a través de sus exaltos cargos.

En tal sentido, volvió a pedir explicaciones al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por mantener como asesor a Ignacio Cosidó cuando el comisario Villarejo ha declarado ante el juez que el exdirector general de la Policía “tenía un papel protagonista junto al ministro Fernández Díez en la operación Kitchen”.

“En qué asesora a Mañueco”, insistió Sánchez, que recomendó al presidente de la Junta que “se dedique a estar a la altura y no a atacar al Gobierno en actos institucionales”, ya que estimó que lo que “debe hacer es dar explicaciones de por qué se afana en tapar la corrupción y en mantener a Cosidó”.

Finalmente, Patricia Gómez acusó al Partido Popular de que “su única preocupación” en la comisión es que “no salpique” a Fernández Mañueco, sentado en la mesa del Consejo de Gobierno cuando se tomaron decisiones investigadas por los juzgados.