El Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 6 de la Audiencia Nacional ha notificado la resolución impulsada por el Ministerio del Interior, a través de la Abogacía del Estado, por la que se insta a la "extinción" de Izquierda Castellana, es decir, a su desaparición como organización política legal.

En esta ocasión, tal y como denuncia dicha formación a través de un comunicado recogido por Europa Press, el Ministerio del Interior recurre a "triquiñuelas administrativas", arguyendo que los estatutos de IzCa no se ajustan a los cambios introducidos por la reforma legislativa de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos.

IzCa tilda de "paradójico" que una organización política que nunca en toda su historia solicitó ni percibió subvención económica alguna se pretenda ilegalizar en función de ese tipo de razones, especialmente cuando la mayoría de los partidos políticos que incumplen ostensiblemente la normativa sobre tales cuestiones no son ni tan siquiera advertidos de tal posibilidad.

A su juicio, el intento de extinción/ilegalización de IzCa patrocinado por el Ministerio del Interior tiene una motivación política: "la pretensión de hacer desaparecer una organización cuya actividad esencial es la denuncia del conjunto de las actividades corruptas, antisociales, antidemocráticas y antipatrióticas del actual Régimen de la IIª Restauración borbónica; y cuya finalización pasa inevitablemente por la instauración de un sistema democrático, republicano y de derechos sociales".

IzCa insiste en que su actividad se basa única y exclusivamente en sus recursos, muy especialmente en sus recursos humanos, es decir, en los militantes y activistas que les apoyan cada día de una u otra manera.

Recuerda que en el año 2008 ya hubo un intento de ilegalización de IzCa, que finalmente fue archivado en la propia Audiencia Nacional, así como el juicio en diciembre a uno de sus miembros por hechos ocurridos en la manifestación republicana en Madrid en octubre de 2014 y de los que, finalmente, quedó absuelto pese a que le pedían año y medio de cárcel.

En cualquier caso, desde IzCa se asegura que van a dar la batalla contra su ilegalización en la Audiencia Nacional y ante todas las instancias judiciales, incluyendo las europeas, en las que sea necesario.