Mediodía sofocante y, casi, con sensación de bochorno era el que presenciaba el paseíllo de Francisco Igea, vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, tras el Consejo de Gobierno, hacia su comparecencia ante los medios de comunicación. Varios temas ocuparon el orden del día del Consejo, como el relevo en el puesto de Interventor General, que lo ocupará José María Martínez Marcos, tras la jubilación de Santiago Salas Lechón o la declaración como extinguido del incendio de Navalacruz, en Ávila, a primera hora de la mañana de hoy, a las 08:38 horas.

Por otra parte, en el ambiente sobrevolaba el reciente anuncio -apenas una hora antes de la comparecencia- del programa definitivo de la Feria de Valladolid, que comenzará el próximo viernes, 3 septiembre, como percha para evaluar el impacto de los períodos de fiestas y de “no fiestas”, en palabras del propio Igea. El vicepresidente de la Junta admitió, tras una conversación “correcta”, con Óscar Puente, alcalde de Valladolid, que suficientes responsabilidades tiene en su cargo de la Junta como para, además, “asumir las que competen a otros”, en referencia a la flexibilidad solicitada por el regidor de la ciudad, ante la imposibilidad de “cumplir milimétricamente las normas”, según Puente.

“Saben que consideramos que todos somos iguales ante la ley y que no usamos una distinta vara de medir, ya que no se trata de ser flexibles sino de que todos cumplan las restricciones”, puntualizó a este mismo respecto. Esta tibia disputa viene dada por una nueva prórroga de las medidas restrictivas de contención de la pandemia, cuya vigencia concluía el próximo 30 de agosto, hasta el 13 de septiembre.

Una prórroga que no ha demorado, en demasía, la respuesta de uno de los sectores sobre los que recae directamente, como es la hostelería, por la valoración por parte de la Confederación Regional de Hostelería y Turismo de Castilla y León, que mostró su “total repulsa y disconformidad”, además de tachar a Verónica Casado, consejera de Sanidad de la Junta, de “responsable directa de las restricciones que se aplican a la hoatelería”.

Otro de los asuntos tratados fue el del bando municipal publicado, en el día de ayer, por el Ayuntamiento de Rueda en el que, dada la alta incidencia acumulada de la localidad -superior a los 2.500 casos por 100.000 habitantes en catorce días-, solicitaban a las autoridades regionales un cribado masivo para evaluar, con exactitud, el alcance del brote. Ante esa demanda, Igea se escudó en la alta trazabilidad de los casos, en torno al 75%, para no llevar a cabo este tipo de testeos, limitados a los casos en los que la trazabilidad es “más baja”.

Asimismo, manifestó que sería de su agrado una mayor coherencia, ya que son muchos los casos de localidades que “primero piden fiestas y, después, cribados masivos” trsa los brotes provocados en períodos festivos. A este respecto también adelantó las sanciones que se plantean por el incumplimiento de las medidas en fiestas patronales, como es el caso de Aldeamayor de San Martín, en Valladolid, confirmado por fuentes de la Consejería de Sanidad a El Español-Noticias de Castilla y León, tras la realización de la procesión de San Roque, el pasado 16 de agosto.

Uno de los temas de mayor actualidad y candencia es, por la naturaleza y longevidad del conflicto, la crisis que tiene lugar en Afganistán y que ha generado que sean muchos los ciudadanos afganos los que se hayan visto obligados a “huir del terror”. Cabe destacar que, a día de hoy, asciende a 63 el número de vidas afganas que han buscado refugio en Castilla y León, lo que supone “un honor” para la región, según Igea. Asimismo, aseguró que la prioridad es la de “conseguir la integración de estas personas a la mayor brevedad posible”.

Una sesión, ante los medios, en la que Igea compareció en soledad, sin la compañía de Verónica Casado o de Suárez-Quiñones, quienes le escoltaron en la sesión de la pasada semana, a su regreso de las vacaciones.