V.A / ICAL
El proyecto de ley del Tercer Sector Social en Castilla y León y de modificación de la ley del Voluntariado llega al pleno de este martes en las Cortes, último paso para su aprobación, con la mitad de las enmiendas de los grupos de la oposición transaccionadas, aunque PSOE y Podemos aseguran que ninguna de las aceptadas está entre las principales y es insuficiente para dar un "sí".
Castilla y León cuenta con 3.300 entidades que conforman el tercer sector y que prestan más de 5.000 servicios a las personas más vulnerables de la Comunidad, entre las que se encuentran mayores, menores, personas con discapacidad y colectivos que buscan la inclusión social, que se regula en la nueva ley.
“Estamos lejos del sí, se puede valorar la abstención”, explicó el ponente socialista de esta ley, Rubén Illera, en declaraciones a Ical en las que afirmó que no han visto predisposición al acuerdo al no recoger enmiendas para dar una mayor participación al tercer sector en la programación, coordinación y evaluación de las políticas de la Junta.
Illera lamentó la rapidez con la que se ha tramitado en la Ponencia y Comisión esta ley, consideró que así se la exime de mayor contenido y sostuvo que no es ambiciosa, ya que entiende que “debe mirar y servir para el futuro”.
“Es un corta y pega de otras leyes”, argumentó, para señalar que no contiene una exigencia de responsabilidad a la Junta, que tiene “muchas carencias”, que no detalla un presupuesto y que “han colado” en el proyecto la modificación de la ley del Voluntariado en contra del sector y de las plataformas. “Ahí están solos”, anotó.
El debate y votación del proyecto de ley, que se desarrollará en el segundo día del pleno el martes día 7, contará con 36 enmiendas, de las 68 presentadas, ya que el resto han sido transaccionadas, de las que 15 son de Podemos y el resto, 21, del PSOE.
Precisamente, Laura Domínguez (Podemos) lamentó que una de sus principales enmiendas, también en el caso del PSOE, como es la tramitación por separado de la ley del Voluntariado no se haya aceptado, aunque confió en que corra mejor suerte en el pleno.
Concertación social
Sin embargo, Grupo Socialista, Grupo Popular y Ciudadanos y Podemos han acordado una mejor regulación y dar más seguridad jurídica a la concertación social, como demanda la Plataforma del Tercer Sector, con la que todos ellos se han reunido y recogido la propuesta vía enmienda.
Entre las enmiendas vitales del Grupo Socialista, no aceptadas de las 34 presentadas, se encuentra la constitución de una Mesa del Diálogo Civil con el Tercer Sector Social, con composición paritaria, y funciones en el diseño de políticas públicas de inclusión y cohesión social y en la elaboración, seguimiento y evaluación de un plan estratégico de impulso y promoción de este sector, que se aprobaría en los primeros seis meses de cada legislatura.
También, propuso que el modelo público de financiación principal de las entidades del tercer sector no puede ser sustituido por otro que no sea de origen propio de la Administración autonómica.
Según recoge el proyecto de ley, el objeto establecer y regular el modelo de relación y participación del Tercer Sector Social en Castilla y León, a través de las organizaciones y redes que lo conforman, con las Administraciones públicas de la Comunidad.
También, incluye la elaboración de un censo de organizaciones del Tercer Sector Social que actúan en el ámbito de los Servicios Sociales en el territorio de Castilla y León, será público y formará parte del Registro de Entidades, Servicios y Centros Sociales de la Comunidad.
Además, la Junta de Castilla y León elaborará un plan estratégico de impulso y promoción de las entidades del Tercer Sector Social en Castilla y León, que tendrá un periodo de vigencia de cuatro años, e incluirá un estudio y análisis de la situación, unos objetivos y medidas relacionadas con el fortalecimiento de estas entidades sin ánimo de lucro.