La portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Alicia Palomo, señaló hoy que detrás de la llamada “reordenación” de Mañueco e Igea se esconden, en realidad, “recortes” de servicios públicos.

Lo hizo tras escuchar la comparecencia del consejero titular del área, que calificó de “autobombo” y “autocomplaciente”. Se mostró tajante en su exposición al considerar que Igea convirtió la consejería en su “chiringuito” que “no ha valido para nada” para los intereses de la Comunidad. Porque, incidió, “lejos de solucionar problemas, los ha creado y ha agravado los ya existentes”, afirmó Palomo.

Sostuvo, tras oír a Igea, que su consejería ha sido la de la “apariencia de la transparencia”, la de la “tapadera de la corrupción” del PP y la del “desmantelamiento de servicios públicos”.

Recordó, tras oír el balance de estos dos años, que la legislatura ya empezó mal al descubrir el Grupo Socialista el nombramiento a dedo y de forma opaca a 14 asesores. “Y ese ha sido el modus operandi del Gobierno de Mañueco e Igea”, resumió.

De hecho, señaló que Igea prometió regeneración (durante la campaña electoral) para acabar “degenerando” la política autonómica. También prometió eliminar los “chiringuitos” creados por el PP en estos años y “no sólo no eliminó ninguno” sino que quiso eliminar la Fundación Anclaje que tan buenos resultados dio en los conflictos empresariales y laborales.

Respecto al “chiringuito” en el que acabó convirtiendo su propia consejería, Palomo recordó que “sólo había un precedente”: cuando Mañueco fue consejero de Interior y Justicia cuando la Comunidad Autónoma no tenía competencias ni en Interior ni en Justicia.

También se mostró muy crítica con la Ordenación del Territorio, cuyas políticas, “lejos de ordenar y avanzar, han desordenado y desmantelado servicios públicos”. “Y el último responsable es el señor Mañueco”, matizó.

Culpó a Igea de “endosar el muerto” de elaborar los mapas de ordenación territorial a las diputaciones, que también se ven obligadas a asumir competencias que son de la Administración autonómica.