Fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente explicaron a Ical que la petición de informes externos han dilatado los plazos previstos para aprobar el Mapa del transporte de viajeros por carretera, ya que el plan inicial era que viera la luz en junio de este año, después de que en 2020 la pandemia del COVID-19 paralizara el procedimiento abierto para dotar a la Comunidad de un nuevo modelo. 

De esta forma, el departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones ya ha resuelto las 206 alegaciones presentadas a este documento de planificación por parte de 25 asociaciones, colectivos, organizaciones e instituciones. De ellas, 69 planteaban cuestiones que para Fomento ya estaban contempladas, otras 21 fueron aceptadas, 99 se dejan guardadas en el cajón al afectar a los anteproyectos de explotación y la licitación y otras 17 fueron rechazadas por centrarse en asuntos como el impacto del COVID-19.

Por tanto, Fomento deja para el primer trimestre de 2022 la publicación de los anteproyectos de explotación, que se asemejarían a los pliegos de prescripciones técnicas de las futuras concesiones y en los que se determinarán los horarios, las frecuencias, vehículos y el montante económico. La Consejería quiere analizarlos con los ayuntamientos, las diputaciones, las empresas del transporte, pero también con la patronal y los sindicatos, para alcanzar en el ámbito del Consejo del Diálogo Social un acuerdo de subrogación de los trabajadores para que ninguno vea peligrar su puesto.

Además, para el segundo semestre de 2022, el objetivo es lanzar las licitaciones de las nuevas concesiones, por lo que el proceso de contratación se alargará hasta 2023, puesto que Fomento estima un periodo de 12 o 15 meses para que se cierre la adjudicación de los nuevos contratos para la próxima década.

La Consejería espera no tener que “hacer números” sobre estas licitaciones, ya que confía en que para entones se haya superado la crisis del coronavirus y la demanda del transporte se haya recuperado. Este verano, según precisaron fuentes de este departamento, se mantiene una caída de entre el 40 y 50 por ciento, debido a que la quinta onda epidémica ha hecho que no haya subido como se esperaba con el avance de la campaña de vacunación.

Esto llevó a Fomento a adelantar 9,7 millones en ayudas para cubrir el déficit de explotación, puesto que recordó se han recuperado el 100 por 100 de los servicios, pero la demanda no, que sigue en niveles de 2020, lo que deja sin ingresos a las empresas. Por ello, la Consejería espera que el Gobierno acepte la demanda de Castilla y León y otras autonomías para repartir fondos que permitan mantener todo el sistema público, debido a los riesgos que existen de que quiebre, una situación de la que tampoco escapa el Consorcio de Transportes de Madrid.

Sistema concesional

En la actualidad, el sistema concesional de los servicios de transporte público, en todo o en parte deficitario, que se prestan en Castilla y León, se articula a través de 148 concesiones o contratos de titularidad de la Administración autonómica, 77 autorizaciones administrativas especiales, 13 taxis rurales con reiteración de calendario y horario y 30 concesiones de titularidad del Estado, con tráficos autonómicos.

Los estudios del Gobierno autonómico indican que el índice de ocupación media en cómputo anual de este tipo de transporte no llega a cubrir los costes de explotación. De un total de aproximadamente 1,7 millones de expediciones anuales -en un año previo a la pandemia-, el 90 por ciento son deficitarias. Al tratarse de un servicio público, la Junta financia este déficit con la convocatoria de unas ayudas, que en 2019 ascendieron a 12,9 millones y en 2020 superaron los 27 millones.

Recientemente fue aprobada la concesión de 9,7 millones de euros de subvención a los 131 titulares de 243 concesiones de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera para compensar el déficit de explotación y la pérdida de ingresos como consecuencia de reducción de la movilidad correspondientes al primer cuatrimestre del año 2021.

Estos fondos contribuyen al mantenimiento del tejido empresarial y el nivel de empleo afectando a 110 empresas y unos 3.000 empleos directos vinculados al sector del transporte regular de uso general interurbano de Castilla y León.