El Consejo de Cuentas ha entregado en el Parlamento autonómico el informe 'Fiscalización de la aplicación de la normativa en materia de dependencia en colaboración con el Tribunal de Cuentas', que refleja un porcentaje de reconocimiento de las prestaciones solicitadas en Castilla y León superior al 70% y con uno de los mejores plazos medios de resolución, según ha informado Europa Press.
El personal de la Gerencia de Servicios Sociales destinado a la gestión de la dependencia, durante el periodo 2014 a 2019 aumentó un 13% (de 557 a 628 empleados). El personal de las entidades locales destinado a la gestión de la dependencia, durante el mismo periodo aumentó un 27% (de 731 a 931 empleados).
Si se tiene en cuenta el personal de ambas administraciones, la media de expedientes tramitados por empleado en dicho periodo se ha mantenido prácticamente constante en torno a 16 expedientes, al ser el incremento del número de solicitudes presentadas similar al del personal.
De los 47.221 expedientes resueltos referidos a las solicitudes presentadas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, obtuvieron el reconocimiento de la prestación de dependencia el 72%. El tiempo medio de resolución de esos 33.972 expedientes se sitúa en 198 días, con una desviación de 16 días respecto al plazo legalmente establecido.
Tres provincias cumplen
Hay tres provincias con tiempos medios que, a resultas de la tramitación, cumplen con los plazos legales (Palencia, Segovia y Soria) mientras que el resto están por encima del límite legal, destacando con peores tiempos medios Valladolid y Salamanca. El tiempo medio de tramitación a nivel nacional se sitúa en 426 días, estando Castilla y León entre los que mejores tiempos medios de resolución obtienen.
En el marco de la financiación estatal del sistema de la LAPAD, los recortes y congelaciones de las cuantías del nivel de protección mínimo a cargo del Estado y su falta de vinculación con el coste de los servicios y prestaciones asumidos por la Comunidad conjuntamente con la suspensión de la financiación estatal recibida a través del nivel de protección acordado, han ocasionado un desplazamiento de la carga financiera del sostenimiento del SAAD hacia la Comunidad de Castilla y León.
El actual sistema dual y mixto de financiación no puede perpetuarse y extenderse más allá de la futura reforma del Sistema de Financiación Autonómica.
La Gerencia de Servicios Sociales no dispone de un programa presupuestario diferenciado para reflejar el gasto de dependencia, ni tampoco de una contabilidad analítica que le posibilite diferenciarlo ni cuantificar el correspondiente a cada uno de los servicios del SAAD.
Tampoco dispone de aplicaciones presupuestarias para reflejar de forma diferenciada los ingresos obtenidos por la participación de los dependientes en el coste de los servicios del SAAD, del resto de los ingresos derivados de la prestación de servicios asistenciales a personas que no ostentan tal condición.
Se está certificando como gasto de dependencia actuaciones destinadas a personas mayores y discapacitados que no tienen la consideración de dependientes a efectos del SAAD, no respetando el contenido mínimo reglamentariamente fijado.