El empresario Alejandro Llorente se acoge a su derecho a no declarar en la comisión eólica

El empresario Alejandro Llorente (Grupo Collosa) se acogió hoy, desde el respeto a los miembros de la comisión de investigación parlamentaria de las eólicas, a su derecho a no declarar por estar pendiente de juicio oral, después de que se le imputen delitos de prevaricación continuada y cohecho, según informa ICAL.

Así su comparecencia ante la comisión de investigación sobre todo el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León, polígono de Portillo y edificio de Arroyo, fue muy breve, ya que solo formularon algunas preguntas José Ignacio Delgado (Cs) y Patricia Gómez (PSOE), mientras Laura Domínguez (Podemos) y Alberto Castro (PP) desistieron ante la posición del emprario.

Los tres hermanos

Los tres hermanos Llorente, Alejandro, Miguel Ángel y Patricio, forman parte de la veintena de personas, entre ellas altos cargos de la cúpula de Economía de la Junta, por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización o grupo criminal.

En su turno, el procurador José Ignacio Delgado argumentó que la labor de la comisión es al margen de la causa que se sigue en el Juzgado y lamentó que el compareciente no respondiera, aunque realizó preguntas como conocer el momento en que la empresa constructora decide entrar en el negocio eólico, la relación con Rafael Delgado y otros políticos de la Junta y si se arrepienten de las decisiones tomadas.

Por su parte, la socialista Patricia Gómez solo preguntó si considera que la trama de corrupción podía haber sucedido sin la implicación de altos cargos y “sin mirar a otro lado” por parte de quienes eran entonces consejeros de Medio Ambiente y de Presidencia, en referencia a Carlos Fernández Carriedo y a Alfonso Fernández Mañueco.

En la querella de la Fiscalía Anticorrupción, se imputa a los tres hermanos de Construcciones Llorente S.A (Grupo Collosa) haber mantenido una relación especial y actuado concertadamente con el principal investigado, el ex viceconsejero de Economía, Rafael Delgado Núñez, sin haber estado interesados en participar activamente en el negocio eólico, algo que los acusados negaron en un escrito presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid.