Más de 2.200 familias tendrán que escolarizar a sus hijos si quieren cobrar la Renta Garantizada

La Junta de Castilla y León se ha puesto dura en cuanto a los requisitos para poder acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía, la ayuda social que puso en marcha para garantizar un mínimo de ingresos a todos los castellanos y leoneses en situación de exclusión social y fomentar su inclusión social y laboral. Esta subvención lleva desde julio conviviendo con el famoso Ingreso Mínimo Vital, que el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha. La RGC se realiza con carácter subsidiario, es decir, que suple el cobro de la prestación estatal para quienes no tienen derecho o han tardado en percibir esta última. Sin embargo, ahora, la Consejería de Familia, junto a los agentes económicos y sociales, prepara una 'nueva' donde habrá que cumplir con unos objetivos para obtenerla. 

Así, en Castilla y León existen 2.222 expedientes de ayuda de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que complementan la ayuda del Ingreso Mínimo Vital (IMV). En unos meses, todos ellos estarán obligados a firmar un Proyecto Individualizado de Inserción (PII) en el que, en función de las características de las unidades familiares, se fijen las obligaciones de toda la unidad familiar para salir de las situaciones de exclusión social, entre ellos, no se podrá renunciar a trabajos y los hijos tendrán que estar escolarizados.

Por provincias, lidera la tabla León con 603 expedientes, le sigue Valladolid con 483 y Salamanca con 359. Más lejos se sitúan Ávila con 199, Palencia con 179, Zamora con 153 y Burgos con 135. Por debajo de la centena están Segovia con 82 familias y Soria con 29. Todas ellas tendrán que ‘apostar’ por el mundo laboral y la escolarización para poder seguir cobrando ambas pagas.

Expedientes que cumplimentan al IMV

Según los datos que maneja la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, un año y medio después de la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital del Gobierno central y de su convivencia con la prestación económica que concede la Junta, la Renta Garantizada de Ciudadanía, se ha constatado que cerca del 95 % de los beneficiarios de RGC que pasan a cobrar el subsidio estatal abandonan el itinerario formativo o el contrato de trabajo que se les había ofrecido, “dado que esta renuncia no implica la pérdida del IMV, a diferencia de lo que ocurre con la RGC”, apuntan desde la Consejería.

También se está observando un “incremento del absentismo escolar entre los hijos de los antiguos perceptores de RGC”, producido por el mismo motivo: han pasado a percibir el IMV y la no asistencia a clase de los menores no implica la pérdida de la prestación. Ante esta situación, la Junta considera necesario “replantear la naturaleza” de su ayuda, “dado que el IMV garantiza a sus perceptores unos ingresos mínimos para tener sus necesidades básicas cubiertas, la RGC debe orientarse a garantizar la inserción social de estas familias vulnerables”.

Solo un 30% de IMV concedidos

En estos momentos, existen en Castilla y León 15.886 familias que reciben el IMV, sólo el 31% de las que lo han solicitado, y otras 34.936 a las que se les ha denegado o inadmitido la prestación estatal. Llama la atención la cantidad de personas que solicitaron el ingreso mínimo estatal y la gran criba que se ha realizado hasta el punto de que una de cada tres solicitudes cumplía los requisitos y se han aprobado.

Ingreso mínimo vital en Castilla y León

Por provincias, en Ávila se han concedido 1.313 expedientes IMV de los 3.720 solicitados, es decir, un 35%. En Burgos, con un 23%, tras aceptar 1.355 y rechazar 4.489. León y Palencia se mantienen en la media con un 33% y un 32% de ayudas concedidas, respectivamente. 3.752, la cifra más alta, se da en las familias leonesas y 1.064 en Palencia. Por su parte, en Salamanca se han tramitado 7.994 expedientes de los que 2.495 son concedidos y 5.499 rechazados (31%)  El dato más bajo se da en Soria con solo un 18% de aceptación tras decir ‘no’ a 1.041 familias y ‘sí’ a 233. En Segovia se aceptaron 707 expedientes y se rechazaron 2.054 (25%). Mientras que en Valladolid, el número de ayudas IMV fueron de 3.494, un 32% de las solicitadas. En Zamora, el número más alto con una concesión del 39%, con 1.383 expedientes tramitados correctamente y 2.151 rechazados. 

Así, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y los agentes del Diálogo Social trabajan para definir esta propuesta a lo largo de los próximos días y garantizar que todos los perceptores de la RGC estén vinculados a un proyecto de vida o a un programa individualizado para su inserción social y laboral y para garantizar el futuro de sus hijos. Asimismo, va a simplificar los requisitos para su solicitud, que se reducen básicamente a tener la residencia y estar empadronados en Castilla y León, ser beneficiarios de IMV, ser demandantes de empleo o de mejora de empleo y firmar el Programa Individualizado de Inserción.

La nueva RGC

La nueva RGC implicaría un ingreso adicional, incentivo o mejora económica para la persona que esté recibiendo el IMV a cambio del cumplimiento de unos compromisos que se determinen en un proyecto individualizado de inserción para la unidad familiar y que se entienden necesarios para superar una situación de exclusión social, teniendo en cuenta aspectos fundamentales como la educación y el acceso al empleo.