El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil concluyó en un informe que el incendio que este verano arrasó más de 20.000 hectáreas en la Sierra de Ávila, y que se originó en la localidad de Navalacruz, se descontroló porque el helicóptero tardó 14 minutos en llegar al lugar.
“Existió, visto el tiempo de reacción de la aeronave, posibilidades de que el incendio no hubiera llegado a producirse o su dimensión hubiera sido mínima”, señala el informe, sobre el que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ávila acordó el sobreseimiento provisional de las pesquisas. En todo caso, el juez consideró que “se ha actuado conforme a los protocolos establecidos para cada tipo de incidente, a saber, el incendio de un vehículo y un incendio forestal, activando o dando aviso a los medios u organismos correspondientes en cada caso, y actuando los medios movilizados con la máxima celeridad que les ha sido posible, teniendo en cuenta su disponibilidad y distancia al lugar de los hechos”.
El instructor expone además que el incendio forestal "tuvo una causa decisiva y eficiente, esto es, el fuego en el vehículo siniestrado, el cual se expandió luego al monte. Dicha causa constituye ya por sí misma una conducta atípica, razón por la cual, a ninguno de los posteriores intervinientes en las labores de prevención y extinción del incendio se le puede imputar penalmente el mismo, y más cuando actuaron conforme a los protocolos establecidos para cada tipo de incidente".
Juriprudencia
El juez concluye que, una vez practicadas todas las diligencias de investigación necesarias, "no aparece debidamente justificada la perpetración del hecho supuestamente delictivo que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones".
Además, el juzgado recordó en la sentencia que existe jurisprudencia establecida por la Audiencia Provincial de Guadalajara en diferentes autos por los cuales dejó sin efecto el procesamiento de varios altos cargos acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sigüenza, con motivo del incendio forestal iniciado el 16 de julio de 2005 en Riba de Saelices, el cual afectó a once municipios y 12.874,68 hectáreas, y ocasionó el fallecimiento de once trabajadores del retén de bomberos.