Las ayudas ofrecidas a los autónomos y pymes para paliar los efectos de la Covid-19 tardan, no llegan o, como en este caso, se tienen hasta que devolver. Eso se denuncia desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que según sus cálculos, las Comunidades Autónomas tendrán que reintegrar al estado más de 2.500 millones de euros procedentes de fondos COVID-19, de los cuales alrededor de 180 millones de euros pertenecen a Castilla y León, por la falta de planificación a la hora de organizarlas y repartirlas, los exigentes requisitos o que incluso algunas empresas ya han tenido que cerrar. Para Upta, “no han sido capaces de consensuar con los representantes del trabajo autónomo las órdenes que determinaban las bases de concurrencia” para optar a estas ayudas.

De esta manera, unos 180 millones de euros tendrán que ser devueltos al Gobierno central de los 232 millones que fueron entregados a la Comunidad en el marco de la Línea Covid de ayuda a los trabajadores autónomos. En este caso, Andalucía es la que menos fondos ha repartido, menos del 40% de los 1.109 millones de euros, por lo que tendrá que devolver más de 600 millones de euros. Galicia tendrá que reintegrar unos 140 millones, Asturias 80, Cantabria 30 millones, la Comunidad Valenciana cerca de 300, el País Vasco 150 millones y la Región de Murcia más de 100 millones.

El ritmo desigual que se ha producido en la tramitación de los 7.000 millones de euros por parte de las CC.AA, ha supuesto que los porcentajes de reparto sean totalmente dispares. Con la excepción de la situación producida en las Islas Baleares y Canarias, que han alcanzado el reparto del 100% de los 2.000 millones establecido

¿Por qué se ha llegado a esta situación? Pues en palabras del presidente de UPTA, Eduardo Abad, “porque la planificación de estas ayudas ha sido un auténtico despropósito,” y señala “desde su concepción por parte del Ministerio de Asuntos Económicos, hasta las adaptaciones que se han desarrollado en el seno de los Gobiernos autonómicos”. En su opinión, “la mayoría de las administraciones han sido capaces de consensuar con los representantes del trabajo autónomo las ordenes que fueran publicadas, por las cuales se establecieron las bases de concurrencia”.

Desde UPTA, quieren manifestar su “malestar” con lo que parecía ser un rescate del trabajo autónomo, “tanto el ministerio como los Gobiernos autonómicos no han estado a la altura de las necesidades de nuestro colectivo”. El presidente lo califica como “un auténtico fracaso y un ejemplo de cómo no se debe desarrollar la planificación y ejecución de los fondos que desde la U.E se pondrán en liza en los próximos meses”.

Sin diálogo

Eduardo Abad cree que es más sencillo de lo que parece, “únicamente debe existir predisposición a dialogar para alcanzar acuerdos con los que de verdad conocen la realidad del autónomo, la situación actual y por la que han pasado millones de pequeños negocios. Solo de esta manera lograremos atender eficazmente sus necesidades”. El “ejemplo perfecto” apunta “lo tenemos en la eficacia del cese de actividad, desarrollado por el Ministerio de Escrivá, o la no menos efectiva puesta en marcha de los ERTES, desarrollado por el Ministerio de Trabajo que dirige la ministra Yolanda Díaz”.

Para Abad, “no podemos permitirnos volver a repetir semejante esperpento en la concesión de las ayudas”.