El MITECO e Interior invertirán 58,6 millones de euros en Castilla y León para situar a Policía Nacional y Guardia Civil a la vanguardia de la sostenibilidad y la eficiencia energética a través de intervenciones previstas en 59 instalaciones repartidas por toda la Comunidad Autónoma, entre las que se encuentran puestos, cuarteles, acuartelamientos, comandancias, comisarías y centros penitenciarios.
En Castilla y León se prevén actuaciones en un total de 59 instalaciones asignadas al Ministerio del Interior, 41 de ellas con “Prioridad Nivel 1” repartidas por toda la Comunidad Autónoma (numerosos puestos, acuartelamientos, cuarteles, comandancias, comisarías, centros penitenciarios y la Escuela de Policía de Ávila), en los que se realizarán intervenciones por valor de casi 39 millones de euros, y otras 18 marcadas con “Prioridad Nivel 2” por otros casi 20 millones.
Por la cantidad inversora, destacan los 3,3 millones del cuartel de Puebla de Sanabria, en Zamora; los 3 millones del acuartelamiento de Ponferrada; los 2,5 millones del acuartelamiento de Fuentes de Oñoro, en Salamanca; los 2,3 millones de la Comandancia de Burgos, o los 2 millones del cuartel de Miranda de Ebro.
Ambos ministerios han acordado esta semana una inversión global de 396 millones de euros, -de los que esta Comunidad Autónoma recibirá casi el 15%-, con el objetivo de poner en marcha actuaciones especificas en cada comunidad autónoma, así́ como iniciativas compartidas entre varias de ellas, con una dotación de 187 millones de euros.
El acuerdo interministerial para el desarrollo de las actuaciones conjuntas del Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado (AGE) busca reducir la demanda energética y la dependencia de combustibles fósiles de las infraestructuras y edificios asignados a Interior, así́ como fomentar en ellos el consumo de renovables y el autoconsumo; y facilitar la transición a una movilidad de cero emisiones en las flotas de vehículos policiales.
Ámbito rural
La mayor parte de las actuaciones contempladas se concentran en pequeños municipios y áreas rurales, donde se llevará a cabo la rehabilitación de instalaciones con criterios de eficiencia y se contribuirá́ a una movilidad verde en las zonas con urgencias demográficas. Precisamente en esto incide la delegada del Gobierno, Virginia Barcones; en que los proyectos diseñados permitirán conciliar el impulso a la sostenibilidad y el ahorro energético en el ámbito publico con la vertiente de reto demográfico.
“Rehabilitar instalaciones con criterios de máxima eficiencia”, señaló Barcones, “y facilitar una movilidad verde en pequeños municipios y áreas rurales -donde se concentra la mayor parte de las actuaciones- expresa bien el compromiso de este Gobierno de hacer de la transición energética una oportunidad para las personas y una apuesta de desarrollo justo para todos los territorios”.
La medida acercará las tecnologías verdes al ámbito rural, donde se ubican la mayor parte de los cuarteles que recibirán las inversiones, y mejorará las capacidades del Instituto Armado para ofrecer servicio a la ciudadanía en las zonas más despobladas del país. En toda España se verán beneficiados 60 municipios de menos de 5.000 habitantes y el 80% de las actuaciones se realizan en municipios de menos de 100.000. En línea con los mandatos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del que se articulan estas inversiones, todas las actuaciones deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 2023.
El acuerdo suscrito con el Ministerio de Interior forma parte de un paquete global de 1.070 millones de euros que tiene como objetivo modernizar las administraciones públicas en el ámbito de la transición ecológica, en coherencia con el Pacto Verde Europeo y la Directiva de la Eficiencia Energética.
Dos niveles de prioridad
El acuerdo establece un total de 249 actuaciones en 188 municipios de toda España divididos en tres áreas: edificios, infraestructuras y movilidad. “Como conclusión”, dijo Barcones, “este Gobierno de España apuesta por reforzar el papel de la Guardia Civil en el medio rural, de mejorar su calidad de vida ofreciendo a los agentes de nuestros pueblos inmuebles donde trabajar y vivir en las mejores condiciones posibles. Es también una buena manera de cohesionar el territorio y de luchar contra la despoblación porque la seguridad es un servicio esencial”.
Entre las iniciativas para la rehabilitación de edificios, destaca la renovación energética de una superficie total de 486.692 m2 a nivel nacional, mientras que en materia de infraestructuras se prevé́ una reducción del 30% del consumo energético de las instalaciones de la Dirección General de la Guardia Civil, Dirección General de la Policía e Instituciones Penitenciarias. En cuanto a la movilidad, el acuerdo contempla la adquisición de 5.882 vehículos nuevos "Cero Emisiones" y la instalación de 3.336 puntos de recarga.