"Antes teníamos una caja de ahorros en el pueblo, pero la cerraron hace unos años. Antes de la pandemia venía un autobús un día a la semana y ahora, nada. Y así tenemos que estar, pidiendo favores a los hijos o a la familia para poder ir a sacar dinero o que no los traigan". Herminia Gato, vecina de Tiedra de 91 años, pone voz a miles de personas mayores que viven en el medio rural de Castilla y León y que se ven directamente afectadas por los cierres de oficinas bancarias en la Comunidad, la más afectada por la exclusión financiera.

Considerado como un servicio básico, el acceso a los bancos se torna difícil en la provincia de una región, donde 1.838 de los 2.248 municipios que componen el medio rural no disponen de oficina. Las cifras son claras más de 8 de cada 10 pueblos no tienen acceso al dinero. Las cifras son claras y muestran la desigualdad financiera que viven cada día las personas afincadas en el medio rural, aunque a este problema hay que sumarle todavía más barreras, como una población cada vez más envejecida, muy dispersa, una red de transporte público deficiente y con problemas de cobertura y acceso a Internet que afectan a cientos de pueblos repartidos a lo largo y ancho de la Comunidad.

Solo el pasado año echaron el cierre en Castilla y León 45 entidades bancarias, tal y como se desprende del último anuario de la Asociación Española de Banca (179 según fuentes externas) dejando en funcionamiento un total de 446, la mayoría concentradas en la capital.

Un panorama poco alentador que se lleva arrastrando desde los últimos diez años, periodo en el que han desaparecido el 45% de las oficinas de la región. El futuro financiero de los pequeños pueblos provoca malestar entre los vecinos que se ven afectados como sucede en Tiedra.

Desplazarse decenas de kilómetros

"Después de que la oficina móvil dejara de venir, teníamos que ir a Mota del Marqués, a 7 kilómetros, pero hace unos meses han cerrado también esas oficinas y nos tenemos que desplazar a Toro que está a casi 20 kilómetros y sino a Tordesillas a unos 30. Vamos de mal en peor", explica con pesar el alcalde de la localidad, Nunilo Gato, quien hace unos meses alzó la voz juntos a los ediles de Benafarces, Castromembibre y Villavellid, en un bando para mostrar su indignación "por el trato que las entidades bancarias tienen hacia los vecinos de la comarca" y para exigir "una banca pública que ponga por delante la prestación de servicios básicos a la ciudadanía y al medio rural".

No les escuchan. La realidad es que Castilla y León va camino de convertirse en un desierto bancario del que dependen la economía de miles de personas y la de cientos de pequeños negocios en el ámbito rural cuyo medio de pago se basa exclusivamente en el dinero en efectivo. Una pescadilla que se muerde la cola que supone para miles de personas "un inconveniente tremendo, porque aunque tengan móvil no es un terminal como podemos tener personas de menor edad, es muy complicado que aprendan a realizar operaciones y en muchas zonas rurales tan siquiera hay internet. Se habla constantemente de la autonomía de las personas mayores y esto solo hace que dependan de familiares y no siempre tienen esa opción", señala el portavoz de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Compañías de Seguros de Castilla y León, Francisco Llanos.

Afirman que llevan meses recibiendo llamadas de queja por la actitud de los bancos que excluyen del sistema a las personas que viven en los pueblos. "No podemos ir en contra de lo que hagan las entidades, pero sí pedirles que establezcan un sistema de atención eficiente a las zonas más despobladas. No exigimos que en cada pueblo haya una oficina, pero evidentemente que no supriman servicios dejan a pueblos sin opción con decenas de kilómetros para acceder al dinero. Cierran dejando a la gente a su suerte o sin dar soluciones como formar a los mayores con charlas para tratar de que se digitalicen, aunque sea complicado", señalan desde la Asociación.

Auguran un futuro negro y "que va a ir a peor, es un proceso imparable". Respecto a la instalación de cajeros por parte de las diputaciones explican "que son organismos que no tiene por qué hacerse cargo de lo que tienen que hacer los bancos, que se han beneficiado durante años del dinero de los usuarios y ahora les dan la espalda".

Tampoco celebran en exceso medidas como la de Correos, que a través de dispositivos que tienen los carteros pueden llegar hasta los pueblos para que los usuarios saquen e ingresen dinero o paguen recibos. "Pero solo con el Banco Santander, con lo cual son más los servicios que se eliminan que los que se ofrecen".

Como en miles de pueblos de Castilla y León, Villardefrades, tiene una población envejecida "muchos tiene más de ochenta años y no tienen cómo ir a sacar dinero, tienen que ser sus hijos o familiares los que les lleven o los que se lo saquen del banco para poder comprar en la única tienda que tenemos, que además pronto va a cerrar, o en la farmacia", señala Emerenciano de la Rosa, de 77 años, quien recuerda cómo "cerró la oficina hace 6 años, después venía cada poco tiempo y ahora nos toca ir a Villabrágima".

Por provincias

La despoblación bancaria se acentúa en Ávila, donde el tanto por ciento de municipios que no disponen de oficina supera el 86%. Tiene en total 24 oficinas, la mitad en la capital y tan solo existe un banco por cada 6.587 habitantes, tal y como se desprende del Anuario Estadístico de la Asociación Española de Banca.

Le sigue Soria, que peses a ser la única de la Comunidad que no ha variado la cifra de entidades bancarias; tan solo dispone de una oficina por cada 4.966 habitantes y 10 de las 18 que permanecen en activo se encuentran en la provincia.

Tercera en un ránking poco esperanzador se encuentra Zamora, provincia que ha perdido en 2020 cuatro oficinas, quedan 21 abiertas al público de las cuales, una docena se encuentran repartidas por la capital. El descenso fue del 14,8% y son 6.317 habitantes los que deben compartir oficina.

Los segovianos disponen de 28 sucursales en las que realizar sus operaciones, después de que en el último año cerrasen tres y tocan a una oficina para 5.487 segovianos. Además, tal y como se desprende del último informe, 14 se encuentran en la provincia.

Con solo cinco oficinas más que Segovia, Palencia cuenta con 33, (cuatro menos que en 2019) una por cada 4.828 habitantes. La problemática en la provincia se acentúa pues solo la mitad están en el medio rural.

Salamanca fue la provincia de Castilla y León en la que más sucursales cerraron, un total de ocho oficinas, lo que le deja en una situación precaria con 52 (30 en la capital). Por este motivo, la ratio de habitantes por oficina es de las más altas, una por cada 6.205 salmantinos.

El pasado año -momento hasta el que se registran datos por parte del Anuario Estadístico de la Asociación Española de Banca, Burgos despidió 2020 con 58 bancos, 30 de ellos concentrados en la capital. Esto es, cinco menos que en 2019, lo que supone una reducción del 8,6% en cuanto a oficinas disponibles, que se reparten una media de 6.121 burgaleses por cada entidad.

Pese a ser la más poblada, en Valladolid hay 98 bancos más dos sucursales de entidades extranjeras, 65 de ellas en la capital. La provincia vio cómo ocho oficinas echaron el cierre el año pasado dejando una ratio de un banco por cada 5.198 vallisoletanos.

Por último, León es la única de la Comunidad que supera el centenar con un total de 108 entidades, 39 en la capital (12 menos que en 2019) es la que mejor estadística registra de habitantes por oficina 4.229 por sucursal. 



Con estas cifras, los mayores de la provincia son y serán, en un futuro, los usuarios más damnificados por la exclusión financiera del medio rural. El panorama es poco alentador y las soluciones no terminan por llegar. "Los bancos no deben olvidar que se han beneficiado durante años del dinero de estas personas a las que ahora dan la espalda", finalizan desde la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Compañías de Seguros de Castilla y León.