La reivindicación para conseguir una Política Agraria Común (PAC) que apueste por el agricultor profesional, y la petición de una subida de los precios en origen para que los productores del sector primario puedan obtener rentabilidad en sus explotaciones centraron el año agrario en Castilla y León, que vivió un crecimiento exponencial de los costes de producción por la subida de luz, gasóleo y fertilizantes mientras afronta las últimas semanas para definir los programas que marcarán su próximo lustro con la aprobación del Plan Estratégico Nacional, que adaptará la PAC al territorio español, y la confirmación del Plan Hidrológico del Duero para el periodo 2022-2027, tal y como recoge Ical.

De hecho, la negociación de la nueva PAC para el periodo 2023-2027 centró el foco del sector agroganadero ya desde principios de año, cuando la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto de transición hacia la próxima Política Agraria Común indignó a Junta de Castilla y León y opas por la “falta de consenso” con el sector y los “desequilibrios” que, según el Ejecutivo autonómico, provoca entre agricultores y ganaderos.

Pero si el texto de transición no cayó bien en el sector primario castellano y leonés, menos aún lo hizo la vinculación de la nueva PAC, aprobada en junio por las instituciones de la UE, con los llamados ecoesquemas. Así, el 20 por ciento de las ayudas directas a agricultores y ganaderos, que pasará a ser el 25 por ciento en 2025, irá asociado a prácticas agro-ganaderas medioambientalmente sostenibles, algo que las opas, que se movilizaron al respecto en septiembre frente al Ministerio en Madrid, critican por la “pérdida de competitividad del sector” a nivel internacional, postura que también mantiene la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Además, la vinculación al Plan Estratégico Nacional del total de las ayudas asignadas a pagos directos y desarrollo rural de la PAC provocó posteriormente otro enfrentamiento entre la postura del Gobierno, proclive a mantener unas condiciones de percepción que incluyan a un mayor número de agricultores, con la posición común de Junta y organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, que defienden al agricultor profesional como único beneficiario de la PAC con la solicitud para que solo aquellos que coticen a la Seguridad Social agraria puedan cobrar las ayudas. De hecho, la Consejería anunció en diciembre la presentación de alegaciones al Plan, en información pública antes de su envío a las instituciones europeas con el 1 de enero como plazo límite.

No fue solo la negociación de la PAC, sin embargo, la que activó las reivindicaciones de las organizaciones profesionales agrarias este 2021. El considerado “incumplimiento” de la Ley de Cadena Alimentaria por los bajos precios en origen, especialmente en el sector del vacuno de leche, unido al exponencial aumento de los costes de producción por las subidas de luz, gasóleo, semillas, abonos y agua, provocó el lanzamiento, por parte de Asaja, COAG y UPA, de un gran proceso nacional de movilizaciones que comenzó en diciembre bajo el lema #SOSRural, ante la confluencia de elementos que “está poniendo en peligro la supervivencia de los agricultores y ganaderos y del propio medio rural español”, y que incluso llevará en enero al sector de vacuno de leche a una huelga de entregas para presionar a industria y distribución, con el objetivo de que la venta de este producto cubra, al menos, los costes de producción de los ganaderos y se produzca así “un reparto más justo del valor de los alimentos en la cadena alimentaria”.  

Presentación de los presupuestos 

En ese sentido se posicionó también el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, Jesús Julio Carnero, al proponer en las últimas semanas de 2021 a industria, distribución y productores la declaración de un marco “estable y equilibrado” que permita a todos “obtener valor añadido” frente al “tsunami” que, aseguró, puede provocar en 2022 la subida de los costes de producción.

Además de apoyar la postura de las opas, incluso con el anuncio en diciembre de una convocatoria de ayudas de 5,2 millones de euros para los ganaderos de vacuno de leche ante la situación “agónica” de un sector que pierde seis granjas al mes en Castilla y León por la falta de rentabilidad de estas explotaciones, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural también defendió, a través de Jesús Julio Carnero, al sector azucarero al criticar, en unas polémicas declaraciones, la “sectaria” campaña del ministro de Consumo contra la ingesta de azúcar, proponiendo a su vez el consumo moderado de galletas “para la salud y el bienestar de toda la población”.

La unidad entre el sector productor y la Junta también quedó reflejada en las alegaciones conjuntas presentadas por Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, organizaciones profesionales agrarias, diputaciones, cooperativas a través de Urcacyl, y regantes mediante Ferduero, al Plan Hidrológico del Duero para el periodo 2022-2027, al que la CHD pretende dar luz verde en las primeras semanas del año que empieza, y frente al que todos los firmantes de las alegaciones reclaman 7.000 hectáreas más para los cultivos de regadío en la Comunidad, actuaciones para la mejora de aguas subterráneas y eliminar la aplicación del peaje por modificación de características cuando vienen justificadas por necesidades agronómicas y no influyen en el consumo de agua.

Por último, y además de colaborar con el sector productor, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, también se comprometió a mejorar las condiciones de la industria agroalimentaria de la Comunidad con el anuncio de "la mayor convocatoria" de ayudas para el sector en la historia de la Comunidad, con un montante anunciado de 70 millones de euros.

Año electoral

Precisamente la industria agroalimentaria de Castilla y León, tras un 2020 de crecimiento en su volumen exportador en un 4 por ciento pese a la pandemia de COVID-19, vivió un 2021 de cambios, al menos en lo que al ‘cluster’ representativo del sector se refiere, con la elección del CEO de Alma de Carraovejas, Pedro Ruiz, como nuevo presidente de Vitartis, en sustitución de Beatriz Escudero tras tres años en el cargo. Ruiz marcó la digitalización, la seguridad alimentaria y la lucha contra el cambio climático como ejes de su recién estrenado mandato mientras reclamaba a la Junta el aprovechamiento de los fondos europeos para impulsar la industria alimentaria de Castilla y León, a lo que el Gobierno autonómico respondió poniendo sobre la mesa en verano un Plan Estratégico para el sector, cuya aprobación se esperaba para antes de la finalización de este 2021.

Y si hubo relevo al frente de la principal asociación de la industria agroalimentaria de Castilla y León, también se produjo, mediante proceso electoral, en la cooperativa del sector remolachero ACOR, cuyos socios eligieron en septiembre a Jesús Posadas como presidente tras una reñida contienda que le enfrentó al hasta entonces máximo mandatario, Justino Medrano. Nada más ser elegido, Posadas elevó el pago mínimo por tonelada de remolacha hasta los 45,8 euros, incremento que anunció se volverá a mantener por encima de los 45 euros en la campaña de 2022, y marcó como objetivo alcanzar las 12.000 hectáreas tras llegar en este 2021 a las 11.500 contratadas.

El año que ahora termina también fue el de la reelección de Donaciano Dujo como presidente de Asaja en Castilla y León, el del inicio del segundo mandato de Aurelio González al frente de UPA, el del relevo de Aurelio Pérez en la coordinación de COAG por parte de Lorenzo Rivera, y el de los procesos electorales en las Denominaciones de Origen de la Comunidad, que cerraron un 2021 para el campo de Castilla y León que mira con incertidumbre al 2022 como año clave para disponer los pilares de la agricultura y la ganadería de la Comunidad para los próximos cinco años.