Castilla y León ha sido una comunidad autónoma fundamental en la historia política reciente de Ciudadanos. Desde que el pacto electoral con el Partido Popular tras las elecciones de mayo de 2019 otorgó a su candidato, Francisco Igea, la vicepresidencia de la región y al partido tres consejerías más −Presidencia, Empleo e Industria y Sanidad−, esta comunidad se convirtió en uno de los principales bastiones de la formación liberal, junto con Madrid, Murcia y Andalucía, donde se alcanzaron pactos similares.
Las encuestas de cara a las elecciones del próximo 13 de febrero son desalentadoras para Ciudadanos. Todas coinciden en que los de Igea obtendrán un resultado mucho más modesto que los 12 procuradores logrados en 2019 −e incluso algunos sondeos sitúan a la formación fuera de las Cortes− lo que provocaría que Ciudadanos dejara de ser influyente en uno de sus principales feudos, y solo mantuviera responsabilidades de Gobierno en Andalucía, al menos hasta que se convoquen los próximos comicios que, previsiblemente, también se adelantarán.
Tres años de retroceso electoral
El retroceso electoral de Ciudadanos ha sido imparable durante los últimos tres años. Desde que la formación alcanzó su mejor resultado en unas generales en abril de 2019 −cuando obtuvieron 57 escaños y se quedaron a ocho de dar el sorpasso al PP− los batacazos electorales han sido continuos. La estrategia de Albert Rivera de no pactar con el PSOE de Pedro Sánchez -con quien sumaba una mayoría amplia tras los comicios de abril- y el ascenso de Vox terminaron minando las perspectivas electorales de la formación que se quedó en solo 10 escaños tras la repetición de elecciones en noviembre.
El pésimo resultado forzó la dimisión de Albert Rivera, que dejó la política y fue sustituido en el cargo por Inés Arrimadas. Las elecciones del año de la pandemia de la covid-19 −las gallegas y vascas de julio de 2020− tampoco fueron alentadoras para la formación, si bien es cierto que se disputaban en dos territorios tradicionalmente complicados para Ciudadanos. El siguiente toque de atención fue en Cataluña −la comunidad que vio nacer y crecer al partido desde el año 2006− donde pasaron de ser primera fuerza en 2017 a lograr tan solo seis escaños en la cita electoral de febrero de 2021 y verse superados por un Vox en ascenso.
El vodevil generado en marzo de 2021 marcó un antes y un después en las perspectivas electorales de Ciudadanos y en su relación con el PP. El 10 de marzo PSOE y Ciudadanos presentaron una moción de censura en Murcia contra el Gobierno del PP, en el que también se integraba Ciudadanos desde 2019. La presentación de esta moción tuvo un efecto dominó en la Comunidad de Madrid y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, destituyó automáticamente a todos sus consejeros de Ciudadanos y convocó elecciones anticipadas para el 4 de mayo de ese año con la intención de liberarse de su hasta entonces socio, al que acusaba de estar planeando una moción similar en Madrid.
Finalmente, la moción de Murcia terminó fracasando después de que tres tránsfugas de la formación liberal se saltaran la disciplina de voto −después de haber firmado la moción− y votaran en contra, para después entrar en el nuevo Gobierno de Fernando López Miras, del PP, como independientes. Al fracaso de esta estrategia en Murcia le siguió el catastrófico resultado en las elecciones madrileñas de mayo, en las que Ciudadanos pasó de contar con 26 escaños en la Asamblea y formar parte del Gobierno a quedarse sin representación parlamentaria.
Los sucesos producidos en la primavera de 2021 hicieron saltar las alarmas en la formación dirigida por Inés Arrimadas y fueron, además, acompañados de la salida del partido de destacados dirigentes como Toni Cantó o Fran Hervías, que pasaron a engrosar las filas de los populares. En ese momento, Ciudadanos pasó de formar parte de cuatro Gobiernos autonómicos con el PP a solo dos −Castilla y León y Andalucía− y uno de ellos no tardaría muchos meses en saltar por los aires.
Una relación complicada en Castilla y León
La relación entre Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea en Castilla y León fue complicada desde el inicio del Gobierno de coalición en julio de 2019. Las tensiones entre las dos almas del Ejecutivo fueron siempre latentes y se hicieron especialmente visibles tras el estallido de la pandemia de la covid-19. Ciudadanos, que ostentaba la consejería de Sanidad, en manos de Verónica Casado, llevó la batuta y el protagonismo en la gestión sanitaria, algo unido a que Francisco Igea −médico de profesión− se convirtió en el portavoz de todas las medidas autonómicas de lucha contra la covid que se llevaron a cabo.
Ya en septiembre de 2019 habían comenzado a producirse tensiones después de que Mañueco diera su apoyo a una petición del PSOE que solicitaba la reapertura de los consultorios de salud locales y vertía duras críticas a la gestión de la Consejería de Sanidad, en manos de Ciudadanos. La pandemia de la covid-19 solo hizo que acrecentar esas diferencias y, mientras Igea y Casado capitalizaban las duras medidas que llegaron a establecer un toque de queda a las 20 de la tarde en enero de 2021, Mañueco hablaba de “salvar las Navidades”, en la línea marcada por la dirección nacional del PP de que las restricciones afectasen en lo mínimo a la economía.
En marzo de 2021, el PSOE de Castilla y León presentó una moción de censura −intentando aprovechar el impulso de la situación generada a nivel nacional− y el foco de todas las miradas se puso en el papel que adoptaría Ciudadanos, que finalmente votó en contra y permitió a Alfonso Fernández Mañueco seguir en el poder. Con todo, la procuradora del partido liberal María Montero abandonó el grupo parlamentario y pasó al de los no inscritos, tras abstenerse en la moción. Una primera grieta que anticipó la ruptura que se avecinaba.
La negociación para aprobar los presupuestos de 2022 supuso el principio del fin del matrimonio entre PP y Ciudadanos en Castilla y León. Mañueco acusó a su exsocio de haber estado negociando su postura frente a las cuentas con el partido Por Ávila sin avisarle y, además, acusó a Ciudadanos de estar preparando en secreto una moción de censura con el PSOE. El 20 de diciembre de 2021 Mañueco convocó elecciones anticipadas y destituyó a todos los consejeros de Ciudadanos y a su vicepresidente, emulando la estrategia de Isabel Díaz Ayuso unos meses antes.
Si lo que pronostican las encuestas se cumple, la previsible debacle de Ciudadanos el 13-F −y en las futuras elecciones andaluzas, que no tardarán en convocarse− podría dejar a Ciudadanos en una situación crítica de cara a afrontar las próximas elecciones generales, previstas para diciembre de 2023. La formación que llegó a influir en cuatro Gobiernos autonómicos y a estar a punto de convertirse en la principal fuerza del centroderecha en España en 2019 perdería así su penúltimo bastión.