El camino hacia la constitución de las Cortes de Castilla y León se presenta cada vez más incierto. El próximo jueves 10 de marzo, a las 12 horas de la mañana, tendrá lugar la conformación de la nueva Cámara autonómica, casi un mes después de la celebración de las elecciones del pasado 13 de febrero. Durante esa jornada, se elegirá la Mesa de las Cortes y la presidencia de la Cámara, cuyo resultado puede dar pistas sobre la futura investidura del presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y el camino de pactos que se podría recorrer. Dos partidos, PP y PSOE, ya han anunciado que presentarán candidato para presidir las Cortes y es previsible que un tercero, Vox, haga lo propio, a tenor de las pretensiones mostradas por la formación dirigida por Juan García-Gallardo desde que se conocieron los resultados electorales.
La elección del presidente de las Cortes: punto de fricción entre PP y Vox
La elección del nuevo presidente de la Cámara, además, puede convertirse en un punto de fricción entre los dos partidos con más posibilidades de acordar un Gobierno, PP y Vox, ya que ambas formaciones reclaman ese puesto. Mañueco anunció el pasado lunes, tras su reunión con la Unión del Pueblo Leonés (UPL), que el PP presentaría un candidato para la presidencia de las Cortes, ignorando de este modo la petición de la formación de García-Gallardo. El candidato de Vox tardó pocas horas en contestar y acusó a Mañueco de "despreciar e insultar" a los votantes de su partido. "O Mañueco tiene un pacto con el PSOE, o ha renunciado a ser presidente", aseguró, dando a entender que no apoyará al candidato que presenten los populares.
Con todo, el PP no necesita a Vox para lograr presidir la Cámara, ya que sería suficiente con que el candidato de los populares tuviera más votos que los aspirantes del resto de partidos. Pero la elección del candidato del PP a presidir las Cortes sin el visto bueno de Vox supondría una ruptura de cara a un futuro apoyo de investidura de los de García-Gallardo a Mañueco, al verse incumplida una de sus principales exigencias, y complicaría la elección del presidente en funciones. Eso sí, la elección del candidato popular necesitaría el apoyo o la abstención de los partidos provinciales y que estos no apoyaran al postulante del PSOE, ya que, si fuera así, el candidato socialista sería el elegido.
UPL, Soria Ya y Por Ávila podrían, por tanto, decantar la balanza ya que cuentan con siete procuradores entre los tres. Si suman sus votos al candidato que presente el PP –presuponiendo que Vox no le apoyase al no cumplir una de sus exigencias– este obtendría 38 apoyos, frente a los previsibles 29 del candidato socialista –sumando al PSOE y a Unidas Podemos– y quedando aún por ver a quien apoya Ciudadanos. El hipotético candidato de Vox a presidir las Cortes, en cambio, es previsible que solo obtenga el apoyo de sus 13 procuradores, salvo que se produjera un pacto in extremis con el PP que llevará a los populares a retirar a su candidato y a apoyar al de Vox.
El PSOE con opciones de lograr presidir la Cámara
Por otro lado, si el PSOE lograse atraerse los siete votos de los partidos provinciales –además del previsible de Unidas Podemos– su aspirante lograría 36 apoyos y el del PP se quedaría en 31 –o 32 si le apoya Ciudadanos– por lo que el candidato socialista sería el elegido. Todo ello, asumiendo que Vox presentase un candidato propio, como ha dejado entrever –se dice que podría ser la exalcaldesa de Zaratán Susana Suárez, aunque fuentes del partido consultadas por este medio no lo confirman– y que no apoyase al postulante de los populares ya que, si lo hace, el PP tendría asegurada de cualquiera de las formas la presidencia de la Cámara.
La elección del próximo presidente de las Cortes, y la composición de la Mesa, está aún, pues, en el aire y los partidos provinciales pueden ser determinantes. Además, la jornada del próximo jueves disipará las dudas acerca de la posible composición de un grupo parlamentario propio formado por estas formaciones. Soria Ya y UPL ya mostraron su voluntad, tras sus reuniones con Mañueco, de conformar un grupo propio en la Cámara, que sumaría 6 procuradores y les permitiría dar una mayor proyección a sus reivindicaciones. Por Ávila aseguró este jueves, en una entrevista a este medio, que no descartaba "ningún posicionamiento" a este respecto. El Grupo Mixto, por tanto, quedaría conformado tan solo por tres procuradores -o dos si Por Ávila se une al nuevo "grupo provincial"- y tanto Ciudadanos como Unidas Podemos han mostrado su intención de optar a la portavocía del grupo.
Dos meses para elegir al nuevo presidente
Una vez constituidas las Cortes y elegidas la Mesa y el nuevo presidente de la Cámara se activará el cronómetro que marcará los tiempos hasta la celebración de la sesión de investidura. A partir de ese momento habrá un plazo de 15 días hábiles, desde el día 11, para que el recién elegido presidente de la Cámara proponga un candidato para presidir la Junta de Castilla y León.
Después, y como fecha máxima de 31 de marzo, se celebrará la primera sesión de investidura del candidato propuesto, que, en esta primera ocasión, tendría que salir elegido por mayoría absoluta de la Cámara. En esta ocasión, por tanto, la única opción de Mañueco sería el apoyo de Vox, ya que no le bastaría con el apoyo de los partidos provinciales y la abstención del PSOE.
Si el candidato no logra ser elegido en esta primera votación, la Mesa de las Cortes, una vez oída la Junta de Portavoces, determinará la fecha de la segunda votación dentro de los dos meses siguientes al fallido primer intento de investidura. En esta segunda sesión de investidura al candidato le bastaría con obtener una mayoría simple para ser elegido nuevo presidente de la Comunidad. Por tanto, en esta ocasión, a Mañueco le valdría tanto el apoyo o la abstención de Vox como un apoyo de los partidos provinciales combinado con una abstención del PSOE que, por ahora, parece lejana.
Si esta segunda sesión de investidura también fuera fallida, pero quedara tiempo aún por delante hasta cumplirse los dos meses de la fallida primera sesión, podrán presentarse otras propuestas de candidatos, y celebrarse sesiones de investidura. Una vez se agote ese plazo de dos meses, las Cortes quedarían disueltas y el presidente en funciones debería convocar nuevas elecciones. Quedan poco más de dos meses, por tanto, para que Castilla y León logre la ansiada gobernabilidad o, por el contrario, se vea abocada a una repetición electoral durante el próximo verano.