Csif pide no perjudicar la escolarización de los niños de dos años en los centros públicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) de Castilla y León reclamó hoy a la Consejería de Educación que haga públicos los criterios que utilizará, para la adjudicación de la impartición -en el próximo curso 2022-2023- del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años). También, demandó que la Junta publique los procedimientos a seguir por los centros que quieran optar a esa enseñanza; y solicitó que se abra un proceso de solicitud voluntario, en el que puedan participar todos los centros escolares públicos en igualdad de condiciones, respecto a privados y concertados, evitando agravios comparativos”.

Así lo ha demandado Csif en un escrito remitido a a la consejera de Educación, Rocío Lucas, ante la situación creada por la publicación de la Orden EDU/13/2022, de 11 de enero, sobre adhesión de la educación privada y concertada a la oferta gratuita de plazas, en el tercer curso (2-3 años) del primer ciclo de Educación Infantil.

Csif consideró, según recogió la Agencia Ical, que la orden supone un concierto educativo "encubierto", ya que se va a pagar a centros de titularidad privada por un servicio público, que se convierte en gratuito, haciendo un diseño sin criterios "claros" y "transparentes" para ofertar esa enseñanza en todos los centros educativos de titularidad pública de la Comunidad, con el agravante de que esta escolarización de 2-3 años puede no llegar a muchas localidades del medio rural, donde no hay centros concertados.

En este sentido, el sindicato trasladó su malestar a la Consejería de Educación, por la falta de información y negociación en la Mesa Sectorial de Educación, sobre la escolarización del primer ciclo de Educación Infantil en los centros públicos, a pesar de las constantes demandas de este sindicato independiente.

La presidenta autonómica del sector de Educación de Csif, Isabel Madruga, apuntó que la orden da posibilidad a los centros privados y concertados de que comuniquen las unidades y plazas de que disponen, y soliciten autorización como centro educativo de primer ciclo de Educación Infantil. Por el contrario, en la educación pública no se ha dado la posibilidad a todos los centros públicos de adherirse a estas enseñanzas, y no se han plasmado "de forma clara" cuáles han sido los criterios para que se impartan.

Del mismo modo, lamentó que la orden supone un agravio comparativo "importante" con los centros públicos, potenciando matrículas en centros concertados que sí impartan estas enseñanzas. “La escolarización más temprana en centros concertados facilita la continuidad de los alumnos en ese mismo centro después, lo que es un perjuicio claro para la matriculación en los centros públicos”, denunció Madruga.