Los órganos judiciales de Castilla y León resolvieron en 2021 un total de 277.481 asuntos, lo que supone un 20,3 por ciento más que en 2020, el año de la pandemia del COVID-19. De esta forma, recuperaron la normalidad previa a la crisis sanitaria, puesto que el número de expedientes ingresados creció un 14,9 por ciento, hasta los 279.142, según los datos difundidos hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según ha informado la agencia Ical.

Asimismo, al final del año quedaron en trámite 119.726 asuntos en la Comunidad, un 1,2 por ciento más, puesto que al inicio del ejercicio se contabilizaron 118.176. Por jurisdicciones, en lo civil ingresaron 122.780 asuntos, un 18 por ciento más, y se resolvieron 122.360, un 22,6 por ciento más. Además, al finalizar el periodo quedaron pendientes 62.267 asuntos, un 0,8 por ciento más.

En cuanto a lo penal, entraron 125.124 casos y se resolvieron 124.548, un once y un 14,1 por ciento más que un año antes, mientras los que quedaron en tramitación al final del ejercicio crecieron un 1,7 por ciento, hasta los 35.822. En lo contencioso-administrativo, aumentaron un 21,9 por ciento la entrada de expedientes, hasta los 8.543, y los resueltos se dispararon un 40,8 por ciento, hasta los 9.202. Además en lo social, se recibieron 22.785 asuntos y se cerraron 21.371, un 18,9 y un 41,2 por ciento más, respectivamente.

En el conjunto del país, ingresaron en los juzgados y tribunales 6.270.334 asuntos, un 13,4 por ciento más que en 2020. En el mismo periodo, se resolvieron un total de 6.321.593 asuntos, un 20,9 por ciento más que en 2020, y un cuatro por ciento más que en 2019; y quedaron en trámite 3.145.054 asuntos, lo que representa una disminución de la pendencia del 0,5 por ciento respecto al final de 2020.

Igualmente, los órganos judiciales de la Comunidad emitieron 88.412 sentencias; 117.885 autos y 71.330 decretos. Además, sobre las ejecuciones de sentencias, se registraron 47.156, de las que se resolvieron 54.702 y quedaron en trámite al final del periodo, 116.226.

La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado fue de 132,3 asuntos por cada 1.000 habitantes, mientras en Castilla y León se alcanzó los 117,1 casos. Las autonomías que registraron una tasa superior a la nacional fueron Canarias (171,1), Andalucía (144,1), Madrid (137), Murcia (134,5), Asturias (133,9), Cantabria y Comunidad Valenciana (132,4). Los territorios con las cifras más bajas fueron La Rioja (94,9), País Vasco (100,3) y Navarra (101,6).

Finalmente, la tasa de congestión en Castilla y León alcanzó el 1,43, un 5,9 por ciento menos que hace un año, siendo la más elevada en lo social, puesto que se situó en el 1,78, seguida de lo contencioso-administrativo con un 1,58; lo civil, con un 1,51, y lo penal, con un 1,29. Además, la tasa de resolución fue del 0,99, con escasas variaciones y un aumento del 4,7 por ciento, y la de pendencia, del 0,43, un 15,8 por ciento menos.