Castilla y León, y toda España, vive un momento complicado por culpa de la guerra provocada por Rusia. La tormenta perfecta que ha provocado que el aumento desmedido del precio de los carburantes, de los productos energéticos y que ha desembocado en una huelga de transportes. Ante esta situación, la Junta de Castilla y León ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que aprueba de manera “urgente” un IVA superreducido del 4% para los productos energéticos. Una idea que fue trasmitida por el presidente en funciones de la Junta, Fernández Mañueco, durante la Conferencia de Presidentes del pasado domingo en La Palma, pero todavía “no se ha hecho nada”.

El consejero de Economía y Hacienda en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha lamentado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la dejadez del Ejecutivo nacional porque hoy es jueves y están “sin noticias” cuando se está viendo “el impacto tan negativo” ante la subida de los precios, la rotura de stock y la dificultad de acceso a las materias primas y el coste de la energía.

Fernández Carriedo es consciente de que esta bajada del IVA repercutirá en las arcas autonómicas ya que la mitad de la recaudación de este impuesto se reparte entre las regiones pese a que éstas no tienen competencia en su regulación. Sin embargo, es algo que es “necesario” porque "la gente está pasando dificultades".

“Hay una contribución a la solución por nuestra parte y es urgente ante las dificultades, porque ya hay familias, pymes y empresas que no pueden soportar la situación más y están parando actividades para no entrar en pérdidas”, ha afirmado.

Derecho a la huelga

Carriedo entiende la situación que está viviendo el transporte, “desde antes de Navidad”, pero ha indicado que existe el derecho a la huelga y está regulado, pero defendió también el derecho al trabajo, ante los numerosos piquetes en toda España que están paralizando el sector.