Un vicepresidente sin funciones ejecutivas: a esto se dedicará Gallardo en el Gobierno de Castilla y León

Vox cede ante el PP para desatascar la convocatoria de la investidura de Mañueco. El nuevo vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, no tendrá prácticamente funciones ejecutivas, según anunciaron este martes ambas formaciones, y no ostentará ninguna consejería. Esta situación contrasta con la vicepresidencia de Francisco Igea –que llevó las riendas del cargo entre julio de 2019 y diciembre de 2021, durante el Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos–, que compatibilizó el puesto de vicepresidente con la cartera de consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León.

Este mismo miércoles, Igea ironizaba en una publicación en su cuenta de la red social Twitter con las pocas funciones que desempeñará García-Gallardo en el nuevo Ejecutivo autonómico. "En realidad no se le estaba poniendo carita de vicepresidente. Se le estaba poniendo carita de jarrón chino", ha asegurado, en referencia a las atribuciones puramente representativas del nuevo número dos de Mañueco.

Una vicepresidencia sin sustancia para desatascar la investidura

Vox se ha visto obligado a aceptar una vicepresidencia sin sustancia para dar vía libre a la investidura del presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, que se venía retrasando de forma inesperada durante las últimas semanas. Este martes, ambas formaciones anunciaron las funciones que tendrá García-Gallardo en el nuevo Ejecutivo.

En concreto, además de ser el representante institucional en sustitución del presidente, el joven abogado burgalés asumirá la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno -encargada de asuntos económicos menores pero que no van al Consejo de Gobierno- y de la Comisión de Simplificación Administrativa, incluyendo procedimientos ambientales.

Por otro lado, desempeñará la representación suplente en el Comité de las Regiones, el Comisionado de las Víctimas del Terrorismo –una de las cuestiones que más preocupan a Vox ya que su líder, Santiago Abascal, estuvo amenazado por ETA durante años– la representación institucional de las relaciones de los órganos de la administración de la comunidad con el Consejo Consultivo de Castilla y León y el Procurador del Común, así como con las fundaciones, asociaciones y colegios profesionales.

García-Gallardo, en cambio, no gestionará ninguna consejería, ni la Comisión de Secretarios Generales y la Dirección de Comunicación, dos de las pretensiones de Vox cuya negociación estaba contribuyendo a la demora de la investidura, junto con aspectos programáticos como las diferencias con respecto a la memoria histórica entre los dos partidos. No obstante, ambos partidos han estructurado los instrumentos de coordinación del gobierno autonómico, que son la creación de las comisiones de
seguimiento del programa de gobierno y para la elaboración y para la
autorización, seguimiento y evaluación de la planificación de las campañas
de publicidad institucional, con participación de la vicepresidencia, así como
la participación del órgano directivo dependiente del vicepresidente en la
Comisión de Secretarios Generales.

Finalmente, la formación de Abascal ha terminado cediendo, ante la presión de que se convocase cuanto antes la investidura por parte de los partidos de la oposición, y ha aceptado esta vicepresidencia limitada para su dirigente en la Comunidad, lo que ha dado luz verde para que la investidura se produzca el lunes 11 de abril.

Vox exigía no tener "ni más ni menos" que Ciudadanos

Esta situación contrasta con la del anterior Gobierno de coalición que dirigió los destinos de Castilla y León entre julio de 2019 y diciembre de 2021. En este, conformado tras el acuerdo entre PP y Ciudadanos después de las elecciones autonómicas de 2019, el vicepresidente, Francisco Igea, logró gestionar una vicepresidencia con muchas más atribuciones que las que tendrá García-Gallardo.

Igea fue un vicepresidente con cartera, concretamente la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta, que compatibilizó con sus funciones como número dos del Gobierno. Una consejería, además, que fue creada ex profeso tras el pacto entre PP y Ciudadanos para que fuera ocupada por el ahora procurador raso.

Además, contando con el departamento que dirigió Igea, Ciudadanos gestionó cuatro consejerías en aquel Gobierno de coalición, una más que Vox en la XI Legislatura: Sanidad, Transparencia y Regeneración, Industria y Empleo y Cultura y Turismo. Algunas de ellas, como la cartera de Sanidad, son consejerías con más enjundia que las conseguidas por Vox, con gran protagonismo sobre todo durante la pandemia de la covid-19, que concedió a la entonces consejera Verónica Casado una gran visibilidad pública.

Vox llevaba insistiendo desde la convocatoria anticipada de elecciones y el inicio de la precampaña, el pasado mes de enero, en que no exigiría "ni más ni menos" que lo que había tenido Ciudadanos durante la anterior legislatura. Finalmente, ha recibido menos prebendas aún contando con un procurador más –13–, que los 12 representantes que tuvo Ciudadanos en la X Legislatura autonómica. Además, la formación de Igea logró menos de un 15% de los votos en las elecciones de 2019 mientras que los de García-Gallardo obtuvieron casi un 18% de las papeletas en los últimos comicios.

El resultado de las negociaciones, por tanto, ha sido mucho menos beneficioso para Vox de lo que lo fue para Ciudadanos en la configuración del anterior Gobierno de coalición. Además, a nivel programático, los de García-Gallardo se han visto obligados a ceder en dos de sus principales pretensiones: la derogación de la ley de violencia de género autonómica y del decreto de memoria histórica, dos cuestiones que no se reflejan en el acuerdo de Gobierno rubricado el pasado 10 de marzo.

Es cierto que PP y Vox han anunciado que agilizarán la aprobación antes de agosto de una ley de violencia intrafamiliar y "la tramitación de una normativa en materia de concordia", pero Mañueco lleva semanas insistiendo en que las dos normas que están en el punto de mira de Vox no serán derogadas y que coexistirán con las nuevas leyes. Unas negociaciones, por tanto, en las que el PP ha hecho valer su condición de partido mayoritario y más votado y en las que Vox se ha visto obligado a ceder para desatascar la investidura que conducirá a su participación por primera vez en un Ejecutivo autonómico.