Punto número 3 de los 11 ejes del acuerdo entre el Partido Popular y Vox que facilitarán el próximo lunes la investidura de Mañueco y la formación de un nuevo gobierno en la Junta de Castilla y León: "reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles". O lo que es lo mismo, la nueva Ley de Concordia. Una ley que ya está levantando ampollas y que rechazan de plano gran parte de las asociaciones de Memoria Histórica de Castilla y León, sabedoras de que la iniciativa legislativa supondrá el fin del decreto que, tras muchas dificultades, pudo aprobarse en 2018 en Castilla y León en tiempos de Juan Vicente Herrera. Un decreto pensado para ser un "instrumento normativo dirigido a proporcionar un "cauce ordenado y sistemático para desarrollar las actuaciones necesarias para recordar y honrar a quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista y a sus familias, así como a todos aquellos ciudadanos y entidades que llevan a cabo actuaciones dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática".

Una vez confirmada la aceptación por parte del PP de Castilla y León de la tramitación de las denominadas Ley de Violencia Intrafamiliar y de la Ley de Concordia, las asociaciones memorialistas castellanas y leonesas manifiestan su "indignación y rechazo a un pacto que supone un ataque frontal contra derechos fundamentales y la claudicación por parte del Partido Popular ante las políticas de odio que la ultraderecha ha exigido para garantizar la investidura como presidente de la Junta de Alfonso Fernández Mañueco", aseguran en un comunicado conjunto remitido a los medios de comunicación.

"La creación de una Ley de Concordia anularía el Decreto de Memoria, al ser el segundo una norma de menor rango", avanzan, y con ello, la memoria histórica regional estaría regida por dicha Ley. "Basados en las declaraciones previas en materia memorialista del partido ultraderechista, las asociaciones castellanoleonesas consideran el demagógico uso de la concordia como un ataque a los derechos de las víctimas y sus familias y una actitud contraria a los derechos humanos. Tras la exigencia de concordia se esconde la voluntad de silencio y el abandono de las escasas políticas en favor de las víctimas de la dictadura militar y la ocultación de los crímenes de lesa humanidad del franquismo", denuncian.

Las asociaciones recuerdan que en Castilla y León apenas hubo resistencia frente a los militares levantados contra el régimen democrático de la II República y el gobierno legalmente constituido, pero que aún así, hubo unos 15.000 civiles (maestros, sindicalistas, concejales, profesionales liberales, trabajadores de la comunicación…) "víctimas de desapariciones forzadas o de condenas de tribunales especiales ilegítimos, asesinados inermes sin más motivo que su pertenencia o simpatía hacia partidos u organizaciones republicanas, enterrados en fosas comunes clandestinas para imposibilitar su localización".

Temor de los familiares

Según aseguran, numerosos familiares de desaparecidos se han puesto en contacto con las asociaciones memorialistas "ante el temor de que no continúe la búsqueda de las víctimas". En este sentido, subrayan que las asociaciones memorialistas llevan "años de esfuerzo personal y económico, y nunca han permitido que paguen las familias por algo de lo que debe hacerse responsable el Estado. Siempre se ha actuado habiendo o no fondos para la Memoria Histórica, y eso va a continuar así. El movimiento social no se va a detener y el trabajo por los derechos humanos tampoco".

En Castilla y León nacen también las exhumaciones modernas en España con carácter científico en el año 2000 siendo hasta la fecha la comunidad autónoma con mayor número de actuaciones en este ámbito. Y destacan, todo ello a pesar de haber trabajado sin un marco legislativo y sin apoyo de la Junta hasta que aprobó el limitadísimo Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, uno de los últimos en aparecer en España.

"Lo que es VOX: destruir derechos fundamentales"

Las asociaciones memorialistas de Castilla y León consideran "lamentable" la "anulación de los decretos sociales que exige VOX. Las afirmaciones de este partido sobre la derogación del Decreto de Memoria Histórica de Castilla y León reflejan lo que es Vox, al poner el foco en provocar y en destruir derechos fundamentales, no en el bienestar de los castellanos y leoneses".

Según estas asociaciones uno de sus objetivos es eliminar políticas que afectan a las mujeres, y "concretamente a las más desfavorecidas, aquellas que sufren violencia de género. El otro foco de su ataque es un Decreto de Memoria Histórica absolutamente limitado, especialmente hacia las víctimas de los mayores crímenes que se han cometido en esta tierra durante la Guerra Civil y el Franquismo, pues todavía continúan tiradas por campos y cunetas de toda la región cientos de víctimas de la Represión".

Ante estas situaciones, subrayan, la mayor parte de la sociedad sabe que los derechos, la libertad y la protección a las mujeres es algo absolutamente irrenunciable. "Además, las víctimas del franquismo y sus familias no pueden seguir como están a día de hoy, puesto que clama al cielo la situación en que se encuentran los desaparecidos: con penas y condenas todavía vigentes, documentos clasificados, la imposibilidad de reparación para sus familias, a lo que se le suman los ataques de la extrema derecha mediante mensajes de odio hacia este sector. España no solo no respeta los mandatos de la ONU respecto a Derechos Humanos, sino que hay un partido contrario a éstos que participa en el proceso democrático, y que va a tener una posición privilegiada en Castilla y León gracias al Partido Popular. Pronto, afirman los memorialistas, han dejado de atacar a la derechita cobarde y denunciar el estancamiento en los cargos para sumarse al carro".

"El PP está tirando por la borda su propio trabajo"

Para estas asociaciones, el PP, por su parte, está "tirando por la borda su propio trabajo, sus propias políticas". "Si algo que han visto tan necesario, como un Decreto de Memoria Histórica o sus aportaciones al problema de la violencia de género, es derogado solo para formar gobierno, quiere decir que el PP no está trabajando por Castilla y León, sino que lo único que quieren es conservar el poder, al margen de sus propios compromisos y de los principios democráticos", concluyen.

Firman este comunicado la Asociación Recuerdo y Dignidad; Asociación por la Memoria Histórica de Miranda de Ebro, Asociación En Medio de Abril de Aranda de Duero; Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos; Foro por la Memoria de Zamora, Foro por la Memoria de Segovia, Foro del Valle del Tiétar y Vera, Verdad y Justicia Valladolid, Farinatos por la Memoria, Salamanca Memoria y Justicia y Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid.