La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) acusa a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de “abandonar” a los agentes medioambientales de Castilla y León, al someterles a una situación de “precariedad” que se ha ido agudizando desde que la actual presidenta, Cristina Danés, accediera al cargo en septiembre de 2018.

“El caos es ya insostenible”, denuncia el sindicato, para quien la “incompetencia demostrada por quienes están al frente de la CHD” se evidencia en la adquisición de 33 vehículos Dacia Duster GLP de tracción delantera, en lugar de todoterrenos, para unos agentes de la guardería fluvial que cada día transitan por caminos inaccesibles, terrenos embarrados e inundados, graveras, cruces de ríos y carreteras con nieves frecuentes y heladas.

Se trata de vehículos que “no son aptos para el trabajo” de unos agentes medioambientales que cada año, de media, realizan 50.000 kilómetros por terrenos con dificultades, sostiene el sindicato, quien lamenta que la adquisición de esos coches fue “un capricho de la presidenta”, para tratar de demostrar que “es más ejemplar que nadie con la emisión cero de CO2”. Y ni eso, ya que contaminan igual o más que los diésel”.

Para CSIF, es la “prueba máxima de la ignorancia de una dirección que no sabe a qué se dedican sus agentes medioambientales”, y supone una “discriminación” con respecto a otros empleados públicos del organismo, como el personal de canales y presas a los que sí “se les ha dotado de vehículos de tracción total”.

A esto se suma, según añade el sindicato, que la CHD mantiene en circulación vehículos de más de 14 años con 400.000 kilómetros, lo que no solo pone en riesgo el trabajo diario de sus agentes, que a diario “se quedan atascados”, sino que provoca un “coste desorbitado en averías”.

La guardería fluvial de la CHD se siente “desamparada”, ya que a una flota de vehículos antiguos se une que “todos ellos están sin rotular”, después de que les obligaran a retirar las pegatinas que les identificaba como agentes medioambientales y, por tanto, como agentes de la autoridad en la vía pública; y de decidir, “por ahorrarse unos euros”, que los coches durmieran en la calle, al prescindir de las cocheras en las que antes se guardaban. “Esta situación ha provocado actos de vandalismo y sabotajes sobre los vehículos, con pintadas ofensivas, cortes en las ruedas o rotura de espejos retrovisores, que se han denunciado”.

Sin uniformes homologados

A esta batería de denuncias, CSIF añade que la CHD mantiene a sus agentes medioambientales sin uniforme reglamentario desde hace cinco años. Y es que, tal y como señala, la Confederación decidió de forma “unilateral” cambiar el año pasado el color del uniforme establecido por el Ministerio de Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, lo que obliga a los agentes a trabajar con “ropa de calle”, al no ser un vestuario homologado, a diferencia de lo que ocurre “en la gran mayoría de confederaciones hidrográficas de España”.

Sin coches rotulados y sin uniformes reglamentarios, los agentes se enfrentan ‘a cuerpo’, cada día, a vigilar el dominio público hidráulico de la cuenca del Duero, sin poder ser identificados por aquellos ciudadanos a los que se dirigen, en ocasiones “enfurecidos”, al ser denunciados por causas que pueden acabar en expedientes sancionadores que incluso superan el millón de euros.

Sin cobertura de móvil

CSIF, además, lamenta que la “desprotección se multiplica” al tener que trabajar los agentes medioambientales de forma individual en un territorio en el que “más del 60% no cuenta con cobertura de telefonía móvil”.

“Se encuentran en multitud de ocasiones incomunicados en zonas rurales y despobladas, sin poder dar aviso ante cualquier avería o problema de salud que sufran”, prosigue CSIF, quien reprocha a la CHD que solo 65 agentes se encarguen de vigilar toda una cuenca del Duero con una extensión de más 79.800 kilómetros cuadrados, más de 85.000 kilómetros de cauces, 5.000 puntos de vertidos, 78.000 aprovechamientos de aguas subterráneas, o más de 8.000 puntos de aguas superficiales, más todos los ilegales, así como el estado de los cauces de los ríos, los puentes, las obras en zonas inundables y en flujo preferentes.

De esta forma, a cada agente medioambiental le corresponde vigilar una superficie de más de 1.200 kilómetros cuadrados, más de 1.300 kilómetros de cauces, o más de 1.200 tomas de aguas subterráneas; algo que, según denuncia CSIF, “resulta totalmente imposible afrontar. Además, la CHD pretende que estén disponibles todo el día, los siete días de la semana, y sin complemento de productividad, al decidir se repartan los 341.000 euros asignados en los presupuestos generales para ese fin casi, exclusivamente, entre la presidenta, los jefes de área y de servicio, dejando prácticamente excluidos al resto de niveles”.