Denuncian que 55.000 mayores vulnerables de CyL no tendrán atención con el nuevo modelo residencial

La Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte) alertó hoy que 55.000 personas mayores vulnerables se quedarán sin atención en la Comunidad y 25.000 profesionales corren el riesgo de perder el empleo si mañana se aprueba el acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en los términos en los que está redactado, según informa Ical.

La patronal castellana y leonesa se opuso a la aprobación del nuevo modelo residencial del Gobierno si antes no va acompañado de financiación. “El Gobierno no puede obligar a que se aplique un nuevo modelo sin tener asegurado que habrá financiación para ello”, reivindicó el presidente de Acalerte, Diego Juez, quien reclamó que “de forma previa a aprobarse el acuerdo de acreditación se aprueba la financiación”.

Además, reclamó que la administración pública, tanto regional como nacional, complemente la pensión de las personas usuarias “hasta llegar como mínimo a los 2.000 euros para garantizar la sostenibilidad del cambio de modelo”.

Según los datos oficiales, la nómina media en Castilla y León es de 1.078 euros, es decir, que la Junta y el Gobierno de España deberían aportar 878 euros de medio en el presente ejercicio y garantizar la subida año a año hasta alcanzar los 2.700 euros en 2029. De no ser así, Juez advirtió que provocará la “inviabilidad” del sector más importante de la Comunidad.

Acalerte añadió que aprobar el acuerdo de acreditación conllevará el cierre de numerosos centros y servicios en el mundo rural, algo que, a juicio de Juez, Castilla y León no puede permitirse al contribuir al aumento de la despoblación. Cierres de centros y servicios que traerán consigo una “notable” pérdida de empleo en la Comunidad. “Castilla y León siempre ha presumido de ser el territorio que más empleo genera en el sector de la atención a las personas por millón de euros invertidos, con 66,2 puestos de trabajo por cada millón invertido, frente a los 40,4 empleos en España. Está en riesgo que sigamos estando a la cabeza y que se ponga en juego miles y miles de empleos vinculados al sector privado del ámbito residencial”, sentenció.

Acalerte consideró que si sale adelante el nuevo modelo residencial que propone el Gobierno supondrá una “paralización” y un “paso atrás” en la aplicación del modelo de Castilla y León que fue pionero en España e imitado por otras muchas comunidades”. “Hemos trabajado muy intensamente en la Comunidad para adaptar el modelo de atención a las necesidades de las personas mayores como para que ahora permitamos, sin alzar la voz, que se dé marcha atrás”, lamentó Juez.

Un comunicado de la federación que agrupa a 250 empresas del sector expuso que el Gobierno ha propuesto limitar las plazas en las residencias de mayores teniendo en cuenta la densidad de población de la zona en la que están ubicadas, estableciendo una horquilla que va desde las 60 hasta las 120 plazas, en lugar de la limitación a un máximo de 90 plazas como plantó en febrero. Así se recoge en el nuevo borrador del Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que el Ejecutivo está negociando con las autonomías, que son las competentes en la materia. En concreto, el nuevo documento del Ejecutivo, impulsado por el Ministerio de Derechos

Sociales y Agenda 2030, recoge entre otros aspectos que los centros que se construyan tras la aprobación de este acuerdo "no podrán superar las 60 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas"; mientras que las "localidades o zonas de densidad intermedia" tendrían el límite en 90 plazas; las "ciudades o zonas densamente pobladas", en 120.