Este pasado lunes la plataforma de Trabajadores Temporables Públicos de Castilla y León mantuvo una reunión con la directora general de Función Pública al objeto de solicitarla información sobre el desarrollo de la aplicación de la Ley 20/2021 en esta Comunidad y la publicación de la Oferta Extraordinaria de Empleo Público. Tras reunirse, la plataforma ha acusado la Junta de "dar otro varapalo" a los trabajadores "abusados" de temporalidad laboral "durante décadas". "Todo ello gracias a la toma de medidas y decisiones intransigentes que no permiten promover una verdadera estabilización real en sus puestos de trabajo", han señalado en un comunicado remitido a este periódico.

La directora general comentó que "está Ley no se interpreta por parte de la Junta, al ser una con rango estatal, se aplica tal y como ha marcado el Ministerio de HAcienda y Función Pública y que en la Junta nadie ha emitido ningún informe jurídico ya que nadie se lo ha transmitido". "Reconocen que existen ciertos errores en la identificación y en los datos de las plazas y que se intentarán corregir a posteriori", han añadido desde la plataforma.

"Este pasado 24 de mayo en el Consejo de Función Pública y el próximo jueves 26 en el Consejo de Gobierno se aprobará y publicará la Oferta Extraordinaria de Empleo con tan solo un 10% de las plazas de trabajadores abusados de temporalidad que van a ofertar a concurso de méritos y a concurso oposición", han insistido.

Del mismo modo, puntualizan que "ningún sindicato de la Mesa de Negociación ha firmado este acuerdo y algunos ya han manifestado que van a impugnar esta Oferta Extraordinaria de Estabilización". "Esta OPE no cumple con ni con el fin de reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8%, ni con la estabilización de los trabajadores temporales públicos", aclaran.

"No es acorde tampoco con la Directiva Europea 1999/70/CE que las administraciones españolas llevan incumpliendo desde hace más de 20 años", firman. 

Dada la diversidad de interpretaciones que la Ley 20/2021 prevén "un incremento sustancial de la litigiosidad que todo ello va a provocar la interposición de cientos de demandas para su paralización y adecuación a la legislación estatal y europea".

La plataforma "ha intentado por todos los medios posibles pero sin éxito que la Junta paralizase o revocase estos procesos, como han hecho otras administraciones para permitir a sus empleados temporales estabilizar sus plazas conforme a la Ley 20/21 de obligado cumplimiento". Sin embargo, esta Administración "no solo ha hecho oídos sordos a nuestras reclamaciones", sino que "ha seguido adelante como una apisonadora para intentar todo lo contrario, deshacerse de sus propios empleados y en consecuencia de su experiencia".

"Esto no sería algo extraordinario, si no fuera porque están jugando con la vida y el futuro de miles de familias. Nuestra experiencia laboral en lo público tampoco les importa pero, desde la Plataforma de Trabajadores Temporales de Castilla y León seguiremos luchando hasta el final para que se haga justicia y se reconozcan nuestros derechos laborales que Europa ya nos avala", finalizan el comunicado.