El pasado 26 de mayo la Junta Electoral Central impuso una sanción de 3.000 euros a Rodrigo Panero, administrador único de Argentum Analytics, empresa propietaria de la web Electomanía, por publicar sondeos encubiertos en los cinco días previos a las elecciones autonómicas del pasado 13 de febrero en Castilla y León. Según la Ley Electoral, en ese plazo está prohibido difundir encuestas y Electomanía publicó durante esos días los conocidos como Emojipaneles, en los que los partidos políticos son sustituidos por emoticonos, normalmente de frutas u hortalizas, con los colores que representan a cada uno de ellos.
La respuesta por parte de Electomanía ante la sanción impuesta por la JEC ha sido lanzar una colecta solidaria que les ayude a pagar esa cantidad económica, y que está siendo todo un éxito: en solo 14 días han recaudado 2.292 euros, un 76,4% del total. El codirector de la web, Miguel Díaz, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León que están "sintiendo mucho apoyo ciudadano ante una norma anacrónica", en referencia a la Ley Electoral que impide la publicación de encuestas. "La respuesta está siendo muy buena ante una norma que han incumplido decenas de medios, a los que no se ha sancionado", señala Díaz.
El codirector de la web recuerda que un expediente inicial de la Junta Electoral de Castilla y León, impulsado en el mes de marzo, terminó siendo archivado. "La denuncia se abrió inicialmente contra mi y, tras presentar alegaciones consideraron que debía abrirse contra el otro codirector, Rodrigo, por ser el administrador principal de la sociedad que articula la web", comenta.
Además, según cuenta Díaz, la Junta Electoral de Castilla y León "inicialmente decidió archivar el expediente al considerarlo no sancionable". "Fue ante el recurso del denunciante ante la Junta Electoral Central cuando esta decidió revocar la decisión en Castilla y León y finalmente la sanción salio adelante", recuerda. Un castigo económico que se está viendo recompensado por la solidaridad de gran cantidad de personas que consideran injusto que se penalice publicar sondeos, y en este caso no explícitos, los cinco días previos a las elecciones.