El Gobierno destina más de 13 millones a Castilla y León para la adaptación al riesgo de inundación

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado la distribución de 13.603.280 euros a Castilla y León para el ejercicio presupuestario 2022, en el marco del componente 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para la preservación del espacio litoral y de los recursos hídricos.

Los fondos, que suponen una inversión total de 174,5 millones de euros para todas las comunidades y ciudades autónomas, irán destinados a dos líneas de inversión:

• El plan de actuaciones de protección y adaptación al riesgo de inundación e integración ambiental en núcleos urbanos, que cuenta con 74,5 millones de euros y destinará 4.833.680 euros a Castilla y León.

• La línea de actuación 2 a las comunidades autónomas del PERTE de digitalización del ciclo del agua, que cuenta con una partida de 100 millones de euros, de los que Castilla y León recibirá 8.769.600 euros.

Los criterios de distribución de ambas ayudas, que fueron consensuadas con las CCAA en la Comisión Sectorial de Medio Ambiente del pasado 17 de mayo, se ratificarán, una vez autorizados por el Consejo de Ministros, en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente prevista para este mes de junio.

El Plan de actuaciones de protección y adaptación al riesgo de inundación e integración ambiental en núcleos urbanos servirá para subvencionar actuaciones dirigidas a restaurar ecosistemas fluviales y reducción del riesgo de inundaciones que pongan en marcha soluciones basadas en la naturaleza y que permitan, a la vez, mejorar el estado de los ríos y su adaptación al cambio climático. Estas ayudas irán dirigidas a avanzar en la consecución del hito 77 del PRTR, que insta a restaurar, al menos, 200 kilómetros de cauces y riberas y a proteger a 40.000 habitantes del riesgo de inundación en España.

Impacto de las inundaciones

Las actuaciones objeto de esta subvención, que en Castilla y León dejará una inversión de 4.833.680 euros, deben estar enmarcadas en los planes de gestión del riesgo de inundación de segundo ciclo, o bien en los futuros planes hidrológicos de cuenca. Como requisito se les exige dar prioridad a la recuperación ambiental de las masas de agua y la protección frente a inundaciones.

Asimismo, los criterios de distribución tendrán en cuenta el impacto de las inundaciones en España -calculado a partir de la indemnizaciones pagadas por daños reales por el Consorcio de Compensación de Seguros-, la población residente en la zona inundable de 500 años de periodo de retorno de origen fluvial y, finalmente, la longitud de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación de origen fluvial.

En relación con las actuaciones a realizar -bien directamente a través de las comunidades y ciudades autónomas u organismos que de ellas dependan, o bien a través de convocatorias en concurrencia competitiva entre las distintas administraciones competentes- podrán incluir: obras de recuperación ambiental y mejora del estado de cauces y riberas, actuaciones de recuperación hidrológica forestal y estabilización de laderas, o actuaciones asociadas a la implantación de los distintos mecanismos de protección civil recogidos en los PGRI y planes autonómicos de protección civil.

Este nuevo reparto se suma a una primera convocatoria de ayudas distribuidas a través de la Fundación Biodiversidad, que en diciembre de 2021 destinó 75 millones de euros para el fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos destinadas a corporaciones municipales; diputaciones provinciales y comunidades autónomas uniprovinciales.

Además, y al margen de estas dos subvenciones, la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y las Confederaciones Hidrográficas están invirtiendo otros 150 millones de euros adicionales en actuaciones destinadas a la restauración fluvial y a la prevención de inundaciones.

Digitalización del ciclo del agua

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado una partida de 100 millones de euros a distribuir por la Comisión Sectorial de Medio Ambiente, de los cuales 8.769.600 euros irán destinados a Castilla y León.

De la inversión total, 40 millones de euros se destinarán a impulsar la digitalización de las administraciones de las comunidades autónomas con competencia en la gestión del dominio público hidráulico a través de las demarcaciones hidrográfica intracomunitarias.

Para los criterios de reparto de estos 40 millones se tendrá en cuenta tanto la superficie del ámbito intracomunitario de la demarcación respecto a la superficie total de las demarcaciones intracomunitarias (40%) como el número de población en el ámbito intracomunitario de la demarcación, respecto a la población total de las demarcaciones intracomunitarias (60%).

Las actuaciones que serán objeto de estas ayudas son las relativas a la mejora, a través de la digitalización, de los procesos administrativos y mejora del conocimiento en materia de gestión del dominio público hidráulico, las actuaciones relativas a la mejora de la información hidrológica y control de los usos del agua y el apoyo a la digitalización de las infraestructuras hidráulicas existentes de titularidad pública.

Municipios de menos de 20.000 habitantes

Los 60 millones de euros restantes se destinarán a impulsar la digitalización de las administraciones hidráulicas de las comunidades autónomas y entidades locales, en especial de los municipios de menos de 20.000 habitantes.

En este caso, los criterios de reparto serán la población total de la comunidad autónoma, la población en municipios menores de 20.000 habitantes, la superficie total de la comunidad autónoma en cuestión, el porcentaje de pérdidas reales en red y, finalmente, el número de vertidos autorizados de aguas superficiales al dominio público hidráulico de la comunidad autónoma.

Será objeto de ayuda las intervenciones en mejora de la digitalización interna de cualquiera de las administraciones u organismos que tengan determinadas competencias en la gestión del agua, así como las de apoyo a las entidades locales que permitan una mejora de la digitalización de sus sistemas de gestión del ciclo del agua urbana.