La Junta recurrirá la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre el Decreto 10/2021, por el que se aprueba el Plan Sectorial de los Servicios de prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León, y que da la razón al recurso contencioso-administrativo interpuesto por CSIF de Castilla y León.
Desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta precisan que el plan sectorial aprobado por el Decreto recurrido “ha sido un importante revulsivo en el desarrollo de la estructura de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en la Comunidad de Castilla y León, que a partir del mismo avanza de forma decidida por acciones llevadas a cabo por las Diputaciones Provinciales y otras Administraciones Locales, competentes en la materia, con el apoyo económico de la Junta”.
Además, precisa que la sentencia, al igual que las otras dos dictadas respecto al mismo decreto, no es firme, y por ello no afectan a la vigencia y eficacia del mismo hasta que lo sean. Además, dado que, respetando los criterios e interpretaciones contenidos esta sentencia, como las otras dos sentencias similares, no se comparte; “al igual que las dictadas en los otros dos procedimientos, está siendo objeto de estudio por la Junta de Castilla y León y también por los Servicios Jurídicos de la Junta a fin de la eventual presentación de los respectivos recursos de casación contra las mismas”.
Desde la Consejería indican que la sentencia estima algunos motivos del recurso formulado en relación, en primer lugar, a la memoria económica de la norma. Por otro lado, la sentencia, siendo conforme con la posición de la Administración en cuanto a la singularidad y regulación específica del voluntariado de protección civil dentro de la figura genérica del voluntario, sin embargo disiente del papel que se confiere a dicho personal en relación con la configuración y funcionalidad de los parques de bomberos tipos 3a) y 3b) del Decreto. “Contenido, pues, similar a los recursos presentados por las organizaciones Unión General de Trabajadores y Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León (procedimientos ordinarios respectivos números 582/2021 y 590/2021). A dichos motivos, en este caso, se añade, y se estima en la sentencia, que el Decreto contiene una regulación excesiva respecto a lo que tiene que ser su objeto”, concluye.