Alerta ante la subida de los delitos de odio en Castilla y León: un 5% más en un año

En Castilla y León, en 2020, según el último Informe sobre la Evolución de Delitos de Odio, se conocieron 56 casos, la mayor parte, 27, por causas ideológicas. Hasta 11 se debieron a actitudes racistas o xenófobas y 8 a intolerancia hacia la orientación sexual o la identidad de género de las personas. También se dieron 3 casos relacionados con creencias o prácticas religiosas, 2 de discriminación por razón de género o sexo, 1 de discriminación generacional y 1 de discriminación por enfermedad y 3 más de índole diversa. En cambio, no se conoció ningún caso que tuviera que ver con odio hacia las personas judías, gitanas, pobres o discapacitadas.

Burgos es la sexta provincia española con una mayor tasa de delitos de odio por cada cien mil habitantes. Con 5,03, solo la superan Álava (13,48), Melilla (11,48), Vizcaya (10,26), Guipúzcoa (7,84) y Navarra (7,71). Hay que tener en cuenta, además, que la metodología en el tratamiento de los datos del País Vasco varía.

La delegada del Gobierno ha explicado que “según datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los delitos de odio denunciados en 2021 han aumentado ligeramente en su conjunto –más de un 5% en su conjunto –según los datos provisionales del Informe sobre la Evolución de Delitos de Odio 2021 que estará concluido en las próximas semanas­–, pero destaca el incremento de los que tienen que ver con la intolerancia ante la orientación sexual que han sido más del doble que en 2020”.

Desde que se publica este Informe sobre la Evolución de Delitos de Odio, 2013-2020, Castilla y León ha registrado 464 casos de delitos de odio conocidos. En cuanto al pretexto del odio, la ideología, la raza, la discapacidad y la orientación sexual o identidad de género son los que más casos acumulan en la Comunidad en ese periodo.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha presentado la segunda Jornada de Coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra los delitos de odio, organizada en colaboración con la Fundación Triángulo, que se ha celebrado hoy en Burgos, en la sede de la Subdelegación del Gobierno. Con respecto a la primera jornada, celebrada en Valladolid, se ha incorporado a las ponencias a la Fiscalía Superior de Castilla y León que ha ofrecido una charla sobre los delitos de odio en la legislación española.

En la jornada de hoy han participado dieciséis agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil  de las provincias de Burgos, Palencia, Segovia y Soria.

Acompañada por el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena; el general jefe de la 12ª Zona de la Guardia Civil, Luis del Castillo; el jefe superior de Policía, Juan José Campesino; el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, Alfonso Martín; el subdelegado en Burgos, Pedro de la Fuente, y las técnicas de la Fundación Triángulo Virginia Hernández y María José Fernández, la delegada ha explicado que “el Gobierno de España adquirió el compromiso de hacer frente a toda la problemática relacionada con los delitos de odio con todas las herramientas a su alcance y una fundamental es la que hemos puesto en marcha en esta comunidad: la formación conjunta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para mejorar su eficacia en la prevención e investigación de estos delitos, con especial relevancia en el trato y la protección hacia las víctimas”.

“Queremos aumentar el grado de empatía de nuestros servidores públicos con las víctimas de delitos de odio, sobre todo en el momento decisivo de la denuncia”, ha añadido Virginia Barcones, “se trata de que las víctimas se sientan amparadas, se sientan protegidas por nuestra policía y nuestra guardia civil cuando deciden denunciar un delito de odio del que han sido objeto. La denuncia es el punto de partida para combatir cualquier delito y tenemos que ser capaces de que salgan a la luz todas estas persecuciones sistemáticas por razones de raza, orientación sexual o identidad de género, entre otras muchas cosas, que todavía con demasiada frecuencia se producen en nuestra sociedad”.

En la jornada de Burgos ha intervenido el fiscal superior de la comunidad autónoma, Santiago Mena, que antes de ostentar este cargo, fue fiscal para la Igualdad y de delitos contra la discriminación y delitos de Odio, entre 2005 y 2020, de la Fiscalía Provincial de Burgos. Mena, que ha abordado en su intervención ‘Los delitos de odio en la legislación española’, ha afirmado que “los delitos de odio atacan lo más profundo de la dignidad humana de las víctimas”.

Por su parte, la Fundación Triángulo, una ONG que promueve la igualdad de las personas  sea cual sea su orientación sexual e identidad de género, aporta información y testimonios relacionados con la temática que hoy se ha tratado, relativa a conceptos relevantes sobre diversidad sexual y de género, a la atención a delitos de odio por LGBTIfobia y a casos reales de discriminación por razón de orientación sexual y de género y víctimas de delitos de odio por LGBTIfobia.

Esta es la segunda jornada de estas características que organiza la Delegación del Gobierno en la comunidad, que tuvo su precedente el pasado mes de junio en Valladolid, con agentes de esa provincia y de Ávila, León, Salamanca y Zamora.

En aumento

En 2021, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron, en todo el territorio nacional, 1.802 posibles delitos de odio, frente a los 1.272 investigados en 2016. En cinco años son 530 más, lo que representa un incremento de un 41,6%.

Tres tipos ocupan, con diferencia, los primeros lugares en la comisión de delitos de odio: los relacionados con conductas racistas o xenófobas (678 en 2021, el 37,6% del total), los delitos de odio contra la orientación sexual e identidad de género (477 en 2021, el 26,5%) y los derivados de discriminaciones o ataques por ideología (336 el pasado año, el 18,6%).

II Plan de acción contra los delitos de odio 2022-2024

La delegada del Gobierno ha recordado que “ya han transcurrido tres años desde la aprobación del Primer Plan de Acción contra los delitos de odio, del que derivan la mayoría de las medidas que se han ido implementando en este ámbito en los últimos años y que desde organismos internacionales y europeos, como la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODHIR) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la propia Comisión Europea, han sido valoradas muy positivamente, hasta el punto de poner a España como referente y ejemplo de buenas prácticas en la lucha contra los delitos de odio”.

El «II Plan de Acción de la lucha contra los delitos de odio (2022-2024)» se ha puesto en marcha el pasado mes de abril y para su redacción también se ha contado con la participación y aportaciones de los cuerpos policiales estatales y autonómicos, de la Fiscalía especializada y del tercer sector, tratando de recoger y mejorar las experiencias puestas en marcha frente a los delitos de odio y las diferentes conductas  discriminatorias, para recoger nuevos objetivos y buenas prácticas.

El Plan consta de 86 medidas concretas para prevenir, detectar, investigar y atajar los delitos de odio. La víctima del delito de odio es el eje prioritario de las ocho líneas de acción que articulan el plan. Se trabaja para mejorar la calidad de atención, asistencia y apoyo que reciben; potenciar la prevención de cualquier delito de odio y lograr una respuesta policial efectiva.

Entre esas medidas destaca la creación de grupos específicos especializados en la lucha contra los delitos de odio dentro de la Comisaría General de Información y las Brigadas Provinciales de Información de la Policía Nacional, así como en la Jefatura de Información de la Guardia Civil y sus unidades periféricas. Otro de los ejes de este nuevo plan busca mejorar la asistencia y apoyo a las víctimas, dado que, ocho de cada diez delitos de odio quedan impunes porque no se denuncian.

También la implantación de un ‘indicador de riesgo de delitos de odios graves o violentos’, una herramienta que permitirá que en el momento de recoger una denuncia por cualquier hecho delictivo aparezca una alerta si los hechos denunciados pueden constituir un delito de odio o discriminación.

“Con este Segundo Plan de Acción, se persigue avanzar más y decididamente en la prevención, investigación y lucha permanente contra los delitos de odio, en constante diálogo y colaboración entre todos los actores implicados”, ha asegurado la delegada.