CSIF reclama el pago de las dietas a los empleados públicos por las elecciones autonómicas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a la Junta de Castilla y León que abone el pago de las dietas y gratificaciones, a todos trabajadores que colaboraron y prestaron servicios durante el proceso de la celebración de las pasadas elecciones autonómicas, el pasado 13 de febrero, que ascienden a unos 240.000 euros para los empleados de Justicia, y a unos 200.000 para los colaboradores de los ayuntamientos. Además, hay que sumar las gratificaciones de jueces o secretarios municipales.

El presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, remitió un escrito a la Consejería de Presidencia, el pasado 7 de julio, en el que se pide que se proceda a dar cumplimiento a la legalidad, conforme a lo que establece el Decreto 35/2021 de 30 de diciembre, que regulaba el pago de compensaciones económicas y gratificaciones, a todos los que prestan servicios en el proceso electoral.

CSIF denuncia que ha recibido las quejas y descontento de numerosos trabajadores afectados, afiliados y simpatizantes, que no han recibido el dinero, a pesar de que ya han pasado más de cuatro meses desde las elecciones a Cortes. “Es un derecho regulado que la Junta incumple. La cantidad más baja que se debe a un colaborador ronda los 50€”, indica. El sindicato independiente desconoce si la Junta está pendiente de pagar a todo el personal que colaboró en el proceso electoral, o si ha abonado parte de esas gratificaciones: “al menos, los trabajadores de Justicia no han cobrado nada”,

Hasta ahora, al coincidir las elecciones municipales con las de las Cortes en Castilla y León, era la Administración central la que pagaba las gratificaciones a los diferentes colaboradores en el proceso, que tienen que trabajar fuera de su jornada laboral habitual. Sin embargo, en esta ocasión, al adelantar las elecciones autonómicas y celebrarse en solitario, es la Junta la que tiene que abonar ese dinero.

En total, según informó en su día la Junta, fueron unas 33.000 personas las que prestaron sus servicios en la jornada electoral (administración de Justicia, miembros de mesa, jueces de paz, secretarios municipales o fuerzas de seguridad), en la que se constituyeron un total de 4.531 mesas electorales.