El presidente del CES España, Antón Costas, lo decía la semana pasada muy claro: en España el diálogo social es un patrimonio inmaterial que a veces no se valora lo suficiente. Una valoración a la que el presidente del CES de Castilla y León, Enrique Cabero, añade que en esta Comunidad es, además, "una seña de identidad, una forma de construir paz social y estabilidad que en sí mismas son una garantía de inversión, desarrollo y bienestar", por lo que está convencido de que "se va a mantener el diálogo social".
El recorte del 50% en las subvenciones a patronal y sindicatos anunciado por el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León fue la mecha que encendió el desencuentro entre los agentes sociales y el Ejecutivo regional. Un recorte auspiciado por la facción de los de Abascal en la Junta de Castilla y León, que ya anunciaron durante la campaña electoral del pasado mes de febrero. El argumento es claro: la crisis obliga a recortar "gasto superfluo" y destinarlo a paliar la emergencia social.
Pero ¿qué parte es la superflua y cómo se decide qué lo es y qué no? El presidente del CES regional asegura que "no sabemos ahora mismo si se ha aprobado finalmente esa reducción del 50% de las subvenciones a patronal y sindicatos, ni aún en qué consiste, ni se nos ha trasladado qué es superfluo y qué no", pero entre tanta tensión lanza un voto de confianza al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones: "No creo que haya recortes en programas de empleo".
La cuestión es que la postura de la facción de Vox en el Ejecutivo regional al respecto hizo saltar todas las alarmas y se cuestionó la supervivencia del modelo de diálogo social que es seña de identidad en Castilla y León, con sindicatos y patronal unidos contra esta declaración de intenciones del consejero de Vox.
Esta formación asegura que el diálogo social no sólo continuará existiendo, sino que saldrá reforzado y apela a que esa voluntad de trabajo y diálogo en la Mesa del Diálogo Social no dependa del importe que reciben los interlocutores sociales para ejecutar los programas de empleo.
De hecho, ayer mismo el consejero aseguró que "todas las afirmaciones que se han vertido en la prensa sobre los planes de empleo son absolutamente falsas", y que "ya se han convocado la mitad de los planes de empleo previstos y que el resto se hará durante este mes y septiembre".
Pero ¿puede mantenerse el diálogo social con este recorte de subvenciones a los agentes sociales? Enrique Cabero reorienta la cuestión cuando asegura que "no hay subvenciones al diálogo social, lo que hay son recursos para el desarrollo de los programas, para el procedimiento".
En su opinión, "todos los agentes implicados quieren que haya diálogo social, pero habrá que ajustarlo a esta nueva legislatura. Lo importante es que los interlocutores sociales lo retomen con normalidad y que se consiga pronto", para poder poner en marcha los programas de empleo que están paralizados. Y algo que reclaman las empresas es precisamente "que haya estabilidad y seguridad".
Una situación que no se había dado nunca con gobiernos anteriores. Ni tan siquiera con el primer gobierno de coalición formado por PP y Ciudadanos. Para Cabero, el hecho de que un Gobierno sea de coalición y esté obligado a llegar a un acuerdo en la aplicación de un programa común, no implica "que el actual modelo de diálogo social no siga siendo válido".
El argumento del consejero Veganzones de que algunos de los acuerdos a los que se llegó el pasado mes de diciembre en el marco del diálogo social, no se ajustan a la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, tampoco convence a Cabero, quien tampoco sabe "a qué se refiere en concreto con eso".
A pesar de las discrepancias (el presidente de la CEOE de Castilla y León, Santiago Aparicio, llegó a decir la pasada semana que la firma y palabra del presidente Mañueco "no tenían valor" al dejar que se cuestionen ahora acuerdos firmados con anterioridad a la formación del nuevo Ejecutivo junto a Vox), Cabero se muestra convencido de que "hay una voluntad clara del presidente Mañueco en que se cumplan estos acuerdos".
Unos acuerdos que pasan por la ejecución de programas destinados a distintas líneas de empleo, PRL o igualdad, y que en estos momentos se encuentran parados a apenas 15 días de las vacaciones de agosto, mes tradicionalmente inhábil en el panorama político.
Lo que sí indica preocupado el presidente del CES, es que "no se sabe aún el modelo de diálogo social que va a llevarse a cabo en esta legislatura, porque estamos en una fase de adaptación (entre dos partidos), pero deberían llegar cuanto antes, en beneficio de todos".
Lo que sí tiene claro es que "escuchando las declaraciones del consejero de empleo, se va a mantener el Diálogo Social. Lo que urge es que se aclare la dinámica y se empiece a trabajar. Los resultados, ya después dependerá de las partes", indica.
Desaparición del Serla
Es otra de las cuestiones más polémicas lanzadas por el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, cuando anunció la futura eliminación del Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales), basado en un sobrecoste que la Consejería calcula en un 700%.
Un servicio gratuito para la sociedad y que funciona en todas las comunidades autónomas, por lo que el presidente del CES de Castilla y León duda mucho de que vaya a desaparecer. "Se trata de un mecanismo de solución de conflictos que se define a nivel estatal, tras la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1994. Es un procedimiento que beneficia a empresas y sindicatos, y que evita que se llegue a una huelga o a que un conflicto laboral se enquiste en el tiempo. Existen ya hasta procedimientos preventivos para que no lleguen a darse esos conflictos laborales".
Otra cosa distinta es saber en qué tamaño se queda, pero realmente es que no sabemos muy bien qué se quiere hacer", porque aún ni siquiera el CES tiene información suficiente acerca de en qué se concreta cada una de las polémicas medidas anunciadas por el Gobierno de Mañueco a través de los consejeros de Vox y del vicepresidente Juan García-Gallardo.
Colaboración público-privada
La paralización del diálogo social se produce en un "momento crítico" a la espera de una fuerte desaceleración de la economía a la vuelta de verano, según pronostican prácticamente todos los organismos de análisis económico tanto nacionales como internacionales. La invasión de Rusia a Ucrania y el estallido de la guerra el pasado 24 de febrero supuso la paralización de la recuperación económica en un momento en el que la llegada de los fondos Next Generation abría la puerta al despegue de los mercados tras las fuertes caídas del PIB por la pandemia.
Con una inflación del 11,2% en el último mes, que supone una pérdida de poder adquisitivo anual de 4.000 euros a cada castellano y leonés por la imparable espiral de precios, Cabero pronostica que "las tensiones inflacionistas afectan ahora a la demanda".
El presidente del CES cree que la inflación "seguirá creciendo" y dependerá en gran medida de la duración de la guerra en Ucrania. Y si se agrava la crisis energética puede producirse "una recesión", como ya ocurrió en 1973, que fue puramente energética si bien la actual es mixta.
"El riesgo que ven los más pesimistas es llegar a principios de año con una estanflación, que no necesariamente tiene por qué ser así, dado que puede seguir habiendo crecimiento aunque sea más leve", según Cabero.
Precisamente en este escenario, el presidente del CES en Castilla y León insiste en la necesidad de que exista diálogo social y de una articulación inmediata de la colaboración público-privada para poder salir de la crisis, porque "hay proyectos que ni la Administración puede llevar a cabo por separado, ni la empresa en solitario".
"CEOE está haciendo un esfuerzo muy grande en este sentido" pero "lo importante es que superemos rápido esa desconfianza en la colaboración público y privada, y utilicemos esos fondos Next Generation que salven la situación e impulsen el futuro".
El modelo de globalización que se había alcanzado "está en fase de revisión ahora mismo porque los desajustes previstos se han desarrollado demasiado deprisa, y esto nos llevará a aumentar la producción industrial y en el sector agrario en toda la Unión Europea".
Para Cabero, la palabra clave es "la sostenibilidad" porque "no puede ser sólo ecológica sino también económica, si bien es cierto que cambiar nuestros modelos de vida no es fácil".
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