El portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, pide cambios en la nueva norma elaborada por el Gobierno de Pedro Sánchez para el ahorro energético y ha exigido la "participación de las corporaciones locales y los sectores productivos afectados", ya que en su opinión tiene “importantes defectos en forma y fondo”.

Sin embargo, el famoso anuncio de presentar un recurso de anticonstitucionalidad promulgado por el vicepresidente Juan García-Gallardo sigue en el aire. “Nuestros servicios jurídicos lo están estudiando para saber si se produce invasión en las competencias autonómicas”. Y tampoco se negó a cumplirlo, ya que ha confirmado que el Gobierno autonómico aplicará “las medidas de los decretos y de la normativa nacional que esté vigente”.

Carriedo ha lamentado que no se haya negociado con las autonomías ni con las corporaciones locales ni sectores productivos que están involucrados. Ante esto, ha pedido al Gobierno central que “reflexione y vuelva a la senda del diálogo”. Por eso ha pedido que “deje sin efecto el Real Decreto Ley de ahorro energético y empiece un diálogo”, ha afirmado durante la rueda de prensa posterior el Consejo de Gobierno celebrado hoy jueves.

El consejero ha puesto a Castilla y León como ejemplo de autonomía de “generalización eléctrica”, y ha lamentado que podría serlo más de no haberse producido el cierre de las cuatro centrales térmicas, la nuclear y las minas, en alusión a las medidas impuestas por los gobiernos socialistas. Por último ha lamentado que las medidas del Gobierno “inciden en restricciones y sanciones y no en el estímulo, incentivo y apoyo”, que es lo que propone la Junta de Castilla y León.

Por último, y en relación a la posibilidad de que la Junta desarrolle medidas propias de ahorro energético, Carriedo recordó que dentro de las iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la crisis por la guerra de Ucrania que presentó la Junta nada más tomar posesión de sus cargos, se desarrollaba un eje que “tenía que ver con el ahorro energético en los edificios públicos de Castilla y León”.