El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, exigió al Gobierno que mantenga fondos complementarios al modelo de financiación mientras dure la negociación para la reforma del sistema actual, que se aprobó en 2009 para “otra realidad”. Un sistema que sigue vigente tras tres crisis, la de 2008, la de la COVID y la actual de la inflación, dijo, y que es “totalmente insuficiente” para sostener los servicios públicos fundamentales.

Carriedo recogió el guante lanzado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a principios de agosto “en los medios de comunicación”, de que presentará una nueva propuestas sobre los criterios de población ajustada para el nuevo modelo tras el verano, con las propuestas de las autonomías. En este sentido, urgió que envíe el documento para proseguir con las negociaciones de una reforma con años de retraso: “Le damos por cortesía el mes de agosto”, dijo a Ical.

Carlos Fernández Carriedo insistió una y otra vez en la necesidad de cerrar un nuevo modelo cuanto antes para garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos y recordó que las autonomías llevan dos años con partidas adicionales con el fondo COVID y este 2022 cuentan con otro complemento que “no durará mucho tiempo”, como es la exención al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria que marca la UE.

Así, advirtió de que en la medida en que desaparezcan esos fondos y se impongan de nuevo límites de estabilidad presupuestaria “se verán más estrecheces en la financiación actual” por lo que “hay que buscar alternativas para complementar el modelo durante su reforma”, dijo, para plantear que los criterios de reparto se establezcan sobre el “punto de encuentro” del sistema actual para evitar enfrentamientos. “El modelo ha aguantado por los fondos COVID y porque no estaban en vigor las reglas fiscales de la UE”, resumió.

Eso si, el reto básico, dijo, es reformar un modelo “superado en tiempo y acontecimientos, antiguo e insuficiente” y apeló al Gobierno a acelerar las negociaciones, tras el documento inicial que envió a finales del año pasado, y al que se presentaron las alegaciones oportunas en enero. “Cuanto antes demos el segundo paso, mejor”, dijo en referencia al envío del nuevo documento prometido por la ministra Montero.

En este sentido, recordó que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera del 27 de julio, ya reclamó a la ministra que retomara las negociaciones, y no recibió respuesta, para enterarse por los medios que su intención es remitir la nueva propuesta tras el verano.

El portavoz de la Junta incidió en que estarán “atentos” con la nueva propuesta y trasladó que su “hoja de ruta” en la negociación pasa por las reivindicaciones de la propuesta de Comunidad sobre la reforma que se pactó en las Cortes autonómicas y la declaración de Santiago de Compostela que rubricaron los presidentes de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria.

Carlos Fernández Carriedo defendió que pese a los retrasos del Gobierno, Castilla y León “no ha perdido el tiempo” y cuenta con una posición común de comunidad y de consenso con otras siete autonomías. Aseveró que recabó las opiniones de todas las fuerzas parlamentarias cuando envió los planteamientos de la Junta en enero al documento inicial del Ejecutivo; y también se reafirmó la postura de Comunidad, dijo, durante los encuentros del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con los partidos políticas para preparar su encuentro con Pedro Sánchez en La Moncloa. “Esperemos que el trabajo hecho sea útil y sirva de referencia en las negociaciones”, comentó.

En este contexto, insistió en la importancia de que se tengan en cuenta variables como el territorio, el envejecimientos o la despoblación. Se detuvo el consejero en el gasto territorial y lo relacionó con los incendios sufridos este verano, que han llevado a todos los territorios a poner de relieve este factor, y vincularlo con el sistema de financiación, concluyó.