R. Travesí / ICAL
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades recibió a lo largo de 2021 y entre enero y mayo de 2022 un total de 1.095 reclamaciones por el grado de discapacidad y de valoración del grado de dependencia, de las que 733 fueron rechazadas y 362 estimadas. Es decir, una de cada tres recursos fue aceptado por la Junta de Castilla y León tras comprobar la documentación presentada por el interesado. Además, hubo 20 sentencias estimatorias en los dos últimos años una vez que los solicitantes decidieron judicializar su expediente tras no estar conforme con el grado declarado por los equipos técnicos de la Gerencia regional de Servicios Sociales.
Los interesados disponen de 30 días desde la notificación de la resolución de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales para formular una reclamación sobre el grado de discapacidad y de valoración del grado de dependencia, previa a la vía jurisdiccional social. Del total de 1.095 presentadas ante la administración autonómica en 2021 y los cinco primeros meses de este año, Valladolid fue la provincia que registró más reclamaciones previas, con 307, de las que 132 fueron estimadas. Le siguió León (194 presentadas y 52 estimadas), Burgos (147 y 56) y Salamanca (137 y 55). Por debajo del centenar, estuvieron Segovia (91 reclamaciones y siete estimadas), Palencia (81 y 25), Ávila (77 y catorce), Zamora (35 y diez) y Soria (26 y once).
Según los datos de la Consejería de Familia recogidos por la Agencia Ical, las 20 sentencias estimatorias en los dos últimos años se reparten entre las ocho de León, las cuatro de Salamanca, las tres de Valladolid, las dos de Burgos y Segovia y una en Palencia. En el resto de territorios, no hubo ningún fallo a favor por la vía jurisdiccional social.
La Comunidad siempre se ha caracterizado por ser el territorio que menos tarda en resolver un reconocimiento del grado de discapacidad, aunque la pandemia del COVID produjo en 2021 retrasos en la resolución de expedientes. No en vano, a lo largo del año pasado y hasta el pasado 5 de mayo de 2022, ha habido casi 6.000 resoluciones comunicadas posterior a los tres meses. Familia reconoció que, en la actualidad, los motivos de los retrasos responden en el 20 por ciento de los casos por que las solicitudes registradas están incompletas por la falta de los informes médicos, que son preceptivos para poder realizar las valoraciones. Otro diez por ciento es debido a la anulación de las citas por parte de los intereses, lo que obliga a retrasar la valoración al menos un mes. Por último, la Junta achaca las demoras a la “importante” dificultad para la contratación de profesionales médicos, una vez agotadas las posibilidades de bolsas de empleo y del Ecyl. En el caso de las resoluciones de grado de dependencia, no se considera un retraso el hecho de superar la tramitación de tres meses, ya que ninguna norma estable ese plazo para aprobar un procedimiento.
Solicitudes
Las solicitudes registradas para el reconocimiento de los grados de discapacidad y dependencia que se presentaron en 2021 y entre enero y mayo de 2022 ascendieron a 105.363 en toda la Comunidad, de las que el 96 por ciento fue resuelta en ese periodo.
A 31 de julio pasado, había 41.352 personas con prestación reconocida con el Grado I de dependencia y otras 69.788 con el Grado II y III, según los últimos datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Además, solo un 0,14 por ciento de personas están pendientes de recibir la prestación, en relación al número total de beneficiarios en Castilla y León, frente al 13 por ciento de la media nacional.