Castilla y León huye de la “guerra fiscal” y da la “bienvenida” a las comunidades que se suman a la bajada de impuestos

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha rechazado hablar de “guerra fiscal” entre las Comunidades Autónomas en esta carrera en la que todas han seguido “la senda” de Castilla y León en la bajada de impuestos.

El portavoz ha recordado que Castilla y León “fue la primera” en anunciarlo en alusión al último día de agosto cuando fue avanzado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y posteriormente aprobado el 15 de septiembre. “Luego otras Comunidades han decidido sumarse a esta senda, pues bienvenidos sean. Sean de una ideología o de otra”.

Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha afirmado que ellos han pasado de “los anuncios a los hechos” y por eso ya lo han puesto en práctica llevándolo al parlamento.

Impuesto de solidaridad

Sobre el anuncio del Gobierno central de un “impuesto de solidaridad” para fortunas de más de tres millones de euros, Carriedo ha rechazado analizarlo “porque no hemos conocido los detalles”. Ahora bien ha insistido que siempre que el Gobierno “pone sobre la mesa estos términos, siempre son sinónimos de subir impuestos”. La voluntad de la Junta es “facilitar llegar a final de mes, estamos de acuerdo, y la subida de impuestos va en dirección contraria. En Castilla y León lo decimos y lo hacemos. El Gobierno quiere hacer, la Junta lo ha hecho. Todo lo demás son palabras para maquillar una subida de impuestos”, ha sentenciado.

Por otro lado, ha defendido  la rebaja del tramo mínimo del IRPF impulsada y propuesta por el Gobierno autonómico y descarta la deflactación de este impuesto, como están realizando otras comunidades, porque la Junta ya tiene “una hoja de ruta establecida”.

En cuanto a la posibilidad de eliminar el impuesto sobre el patrimonio dentro del proyecto de ley de rebaja impositiva enviado ya a las Cortes, como pidió esta mañana Vox, Carriedo aseguró que ahora es el turno de los grupos parlamentarios para presentar sus enmiendas y, después, la Cámara “tomará decisiones” que a la Junta le tocará “respetar”.