El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León echa en falta una mayor atención a la situación de las mujeres víctimas de violencia de género en el medio rural, así como a las mujeres y niñas con discapacidad, en el anteproyecto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que pretende actualizar la norma de 2010 con un borrador que en último término deberán respaldar los socios PP y Vox en la mesa del Consejo de Gobierno para que pueda llegar a las Cortes.

Esta futura norma avanza en su tramitación tras reactivarse en julio por Familia, ya que fue uno de los textos legislativos que quedaron pendientes en la anterior Legislatura por la convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas. Ahora, recuperado por el departamento de Isabel Blanco, cuenta ya con el informe preceptivo del CES, por lo que se despeja su camino para que la Junta pueda aprobarlo y convertirse en un proyecto de ley, que se debata y vote en las Cortes.

Un año después de que la propia Isabel Blanco presentara el anteproyecto, el CES emite su dictamen sobre una norma que recibió el 1 de agosto y que en menos de dos meses ya ha examinado, lo que da vía libre a Familia para que le dé el último empujón, pues tanto la consejera, como el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, siempre han garantizado que la ley contra la violencia de género se mantendrá y convivirá con la nueva prevista de violencia intrafamiliar, que figura en su acuerdo de gobierno con Vox.

En concreto, la Junta cumplió el trámite de iniciar antes del 31 de julio la consulta previa sobre la elaboración de un texto legislativo sobre violencia intrafamiliar, un procedimiento que se cerró un mes después, el 31 de agosto. En paralelo, la Consejería Familia ha impulsado esta otra norma, de acuerdo a lo expuesto en la mesa del Diálogo Social, sin hacer mención alguna a este término en su articulado.

Ahora, el departamento de Isabel Blanco tendrá que examinar los ‘retoques’ que le propone el CES, especialmente, sobre la asistencia en el medio rural. El Consejo propone aplicar “criterios de equidad territorial” en las medidas de lucha contra la violencia de género para lograr una igualdad “efectiva” de trato para todas las víctimas  en una “comunidad extensa y con una población dispersa”.

De esta forma, advierte de que no se recoge en el texto la implantación de ninguna medida o servicio concreto en el medio rural, por lo que ve “conveniente” el posterior desarrollo reglamentario en algunas cuestiones importantes como son la movilidad, la formación, centros de atención especializada o los puntos de encuentra familiar.

También, el CES considera que las administraciones deben potenciar medidas para proteger a las mujeres y frente a todas las formas de violencia y abuso, tanto en el seno del hogar, como fuera de él, y especialmente a aquellas que la sufren de forma agravada por tener, por ejemplo, una discapacidad. Por ello, aboga por una asistencia y apoyo que tenga en cuenta las necesidades específicas de este colectivo. Además, insta a que la Junta asuma el compromiso de asegurar el seguimiento estadístico de todos los tipos de violencia sobre las mujeres, teniendo en cuenta variables como la edad, la discriminación múltiple o la incidencia en el mundo rural

Novedades

Como novedades de lo que se califica por Familia como una actualización de la ley de 2010, definida en ese momento como “pionera” en España, se amplía la protección a transexuales y a niñas y menores que se encuentren bajo la custodia de víctimas y familiares convivientes.

Igualmente, se reconoce nuevas formas de violencia contra la mujer, como la que se ejerce por medio de las nuevas tecnologías y las redes sociales. También, se contempla la creación de redes de atención especializadas, así como un refuerzo de la atención a los maltratadores con el objetivo de desarrollar programas de tratamiento para prevenir la reincidencia.

En la presentación del anteproyecto, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades explicó que en su elaboración han participado 78 organizaciones y un centenar de profesionales que trabajan directamente con las víctimas. “Se trata de una ley ambiciosa, moderna, que revisa toda la normativa actual y eleva al rango de ley algunas prácticas que se vienen realizando”, calificó en ese momento Blanco el nuevo texto normativo.