Más de 20 días lleva esperando la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, a que la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, concrete las inversiones y proyectos que maneja para el Corredor Atlántico, debido a su “especial trascendencia” para la vertebración territorial, el desarrollo económico y social y el futuro de Castilla y León.
González Corral remitió a la ministra el pasado 14 de septiembre una carta, a la que tuvo acceso Ical, para tener información sobre los planes y actuaciones de Transportes con el Corredor Atlántico. En ella, la consejera recuerda que han pedido de forma “reiterada” ser “escuchados”, así como el nombramiento de un coordinador, como el que tiene el “homólogo” Corredor Mediterráneo.
Además, la titular de Movilidad y Transformación Digital expresó el “total desacuerdo” de la Comunidad con el planteamiento de “excluir” de la planificación las autopistas ferroviarias del ramal del Corredor Atlántico del noroeste.
En ese sentido, la misiva se centra en reclamar “los mismos esfuerzos y recursos técnicos y económicos” para el Atlántico que para el Mediterráneo, con la inclusión de las autopistas ferroviarias en el ramal noroeste.
Además, demanda conocer el Plan Director del Corredor Atlántico, así como las actuaciones previstas por el Ministerio para la modernización de la red ferroviaria de la Comunidad. También alude a la creación “inmediata” de la figura del comisionado para que impulse y coordine su desarrollo.
“Vemos que para el Corredor Mediterráneo se llega a acuerdos para la financiación de determinadas infraestructuras de forma periódica, en el Corredor Atlántico no hay concreciones en cuanto a inversiones y actuaciones”, afirma la consejera en su carta en la que al finalizar recuerda que tienen pendiente una reunión para avanzar en los mecanismos de colaboración para alcanzar un consenso en relación a estas cuestiones.
Además, desde este miércoles, existe un mandato unánime de las Cortes para que la Junta exija estas cuestiones al Gobierno de España.