Izquierda Unida Castilla y León ha solicitado a través del grupo parlamentario Unidas Podemos en el Congreso una modificación en el articulado del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, destinada a la gestión pública de la energía hidroeléctrica, según informa Ical.

En un comunicado, explica que España tiene "uno de los mercados eléctricos más privatizado de la Unión Europea y recuerdan que otros países como Francia, Italia, Suiza, Países Bajos, Austria o Finlandia cuentan ya con una empresa pública de energía". "En el caso concreto de Castilla y León, la comunidad lidera en producción hidroeléctrica, con un 23,5 por ciento de la producción a fecha de 2021. En Castilla y León hasta 8 concesiones hidroeléctricas caducan en los próximos años", aseguran desde IU.

El objetivo de esta propuesta es "sacar de la lógica de mercado y beneficios un bien básico como la energía eléctrica, y repercutir los beneficios en el ente público y las familias que han visto disparada la factura".

Desde la coalición liderada por Juan Gascón defienden que posibilitaría la restitución económica y social de los territorios afectados por las instalaciones hidroeléctricas. Buscar así, otros fines de utilidad pública y social para inversión pública directa en construcción de nueva generación renovable.

“Desde IU defendemos que los intereses de la ciudadanía, de las pymes y de los autónomos deben estar por encima de los grandes beneficios de las eléctricas. La gestión pública, nos permitiría poner este sector estratégico para nuestras familias y empresas al servicio de interés general, con una mejor gestión medioambiental y repercutir en beneficios para las comarcas donde se encuentran.” afirma Gascón.

Para ello, instan al Gobierno de España "a declarar la extinción de los derechos relativos a los aprovechamientos hidroeléctricos de las presas de Castilla y León a través de la tramitación de expedientes de devolución al estado de los derechos, bienes e instalaciones conforme vayan finalizando los plazos de las concesiones realizadas a empresas privadas". La organización insta al PSOE a apoyar esta propuesta para "recuperar el control de los recursos públicos y ambientales en Castilla y León".