El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha aprobado destinar 51.562.323 euros a Castilla y León con el objetivo de financiar proyectos en materia de economía de los cuidados y para reforzar las políticas de igualdad e inclusión social y laboral en la Comunidad.
En palabras del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, estos recursos suponen "un impulso fundamental" para que las administraciones trabajen en la transformación del sistema de cuidados que "necesita" España. De esta manera, se "demuestra" la voluntad del Gobierno de España en construir un futuro "más justo y feminista".
En el cómputo general, las comunidades autónomas, las ciudades y las entidades locales recibirán 899.988.386,38 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia para invertirlos en el Plan de apoyos y cuidados de larga duración, el Plan España País Accesible o el Plan de Modernización de los servicios sociales.
El Plan de apoyos y cuidados de larga duración
Este plan va destinado a invertir en equipamientos públicos nuevos y en rehabilitar o renovar los que hasta ahora iban. Igualmente, también se puede invertir en adquirir equipamientos domiciliarios que ayuden a la promoción de la autonomía personal a través del uso de la teleasistencia avanzada y tecnologías parecidas.
Plan de modernización de los servicios sociales
La modernización de los servicios sociales irá a través de los proyectos destinados a la transformación tecnológica a través de la implementación de programas integrales que introduzcan tecnologías de última generación para mejorar la eficacia y la calidad.
También se financiará proyectos piloto de innovación en servicios sociales que ayuden a impulsar la modernización de infraestructuras, la digitalización y a mejorar los modelos de protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños y adolescentes, poniendo el foco en los niños y niñas migrantes no acompañados o con necesidades especiales.
Plan España País Accesible
Por último, el Plan España País Accesible contempla actuaciones que impulsen el objetivo de eliminar barreras en el acceso a los servicios de la administración pública, educación, trabajo o transporte para conseguir un país más inclusivo para las personas con discapacidad.