El Procurador del Común deberá renovar a su mandatario próximamente. Una decisión que correrá a cargo de las Cortes de Castilla y León, que deberán votar en el parlamento autonómico al nuevo nombramiento, después de que el hasta ahora presidente de la institución propia, Tomás Quintana López, afronte este mes su primer mandato completo, desde que fuera nombrado ahora hace cuatro años, según ha informado la agencia Ical.

Igualmente, en 2019 se eligieron los consejeros del Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social, que también deberán renovar sus cargos a principios de años los dos primeros y en noviembre de 2023 el tercer.

Tomás Quintana López se convirtió en el defensor del ciudadano el 10 de octubre de 2018 y tomó posesión el día 24 de este mismo mes. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León fue propuesto por el PP y el PSOE, lo que provocó que Podemos, Ciudadanos, IU y UPL se abstuvieran al considerar que no habían sido partícipes del proceso, según recuerda la agencia Ical.

La ley recoge que, a pesar de que el Procurador del Común sea elegido por un periodo de cuatro años, podría ser reelegido para un segundo mandato. Una vez se cumpla el plazo, entraría en funciones y se abriría un proceso de renovación. La Comisión Parlamentaria de Relaciones con el Procurador del Común deberá presentar en un mes a la Mesa de las Cortes el nombre del candidato que se presentará para el próximo mandato. 

Además, la agencia Ical explica que según fuentes consultadas los grupos todavía no han hablado de la elección, pero podría ser planteada en la próxima Mesa.

Cabe destacar que PP, con 31 escaños, y Vox, con 13, no suman la mayoría de las tres quintas partes del parlamento autonómico, por lo que dependen de los síes de la oposición para la elección del nuevo mandatario. Podría valerles con los 28 procuradores del PSOE o con los seis de UPL-Soria Ya.

Es reseñable que la Comisión parlamentaria de Relaciones con el Procurador del Común es presidida por Javier Teira, de Vox, que defiende el hecho de centralizar las funciones en el Estado para no duplicar en las comunidades autónomas órganos iguales. Ahora bien, la institución se encuentra dentro del Estatuto de Autonomía, por lo que solo valdría con la reforma de la máxima norma, en la que sería necesaria una mayoría cualificada para eliminar la figura del defensor autonómico, informa Ical.