La polémica por la aprobación de la Ley Trans en el Congreso, y las desavenencias entre PSOE y Unidas Podemos acerca del contenido de la futura norma, está marcando el debate político nacional en las últimas semanas. Los socialistas elaboraron la semana pasada una enmienda modificando lo relativo a la autodeterminación de género, para que los menores de 16 años tengan que pasar por un juez, mientras que Unidas Podemos solo lo contemplaba para menores de 14.

Pero pese a las dificultades con las que se está encontrando esta Ley para salir adelante, ya que a las diferencias entre los partidos del Gobierno se suma el virulento rechazo de la oposición de derechas, la inmensa mayoría de las comunidades autónomas cuenta ya con una legislación LGTBI que contempla un catálogo de derechos para este colectivo. Con dos únicas excepciones: Castilla y León y el Principado de Asturias, que se encuentra tramitando la ley.

Castilla y León: una norma en el cajón

Un total de 14 de las 17 comunidades autónomas de España cuentan con legislación LGTBI que contempla la autodeterminación de género, la cuestión más polémica en el debate de la Ley Trans nacional. Galicia si que cuenta con una norma en este sentido, aunque sin contemplar la autodeterminación de género, mientras que Castilla y León y Asturias no tienen legislación alguna en esta materia.

En el caso castellano y leonés, la llegada de Ciudadanos al Ejecutivo autonómico, en julio de 2019, propició el impulso a una norma que el Partido Popular había bloqueado en las Cortes durante el mandato de Juan Vicente Herrera (2001-2019). La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades estaba terminando de rematar la Ley LGTBI autonómica cuando el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció la convocatoria anticipada de elecciones en diciembre de 2021. 

El adelanto de los comicios paralizó el impulso de la norma, ya que el Ejecutivo en funciones no podía aprobar proyectos de ley, y la firma del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en marzo de este año convirtió definitivamente en papel mojado la iniciativa. La formación dirigida por Juan García-Gallardo se ha caracterizado por su rotunda oposición a "la ideología de género" y al "lobby LGTBI" y Vox en el Congreso se ha convertido en el ariete de la lucha contra la aprobación de la Ley Trans.

La diputada del partido Carla Toscano aseguró el pasado 6 de octubre en la Cámara Baja que la norma pretende "fomentar la transexualidad" y que discrimina a "aquellos que se puedan sentir un ornitorrinco". En el mismo sentido, la pasada semana, la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, registró en la Asamblea madrileña la derogación de la Ley Trans autonómica, impulsada por Cristina Cifuentes en 2016, aunque el PP de Isabel Díaz Ayuso impidió que esta derogación saliera adelante.

Con estos precedentes, es previsible que durante la presente legislatura en Castilla y León no vea la luz ninguna iniciativa legislativa en este sentido, ante la rotunda oposición de Vox, formación que sostiene al Ejecutivo autonómico con sus 13 procuradores.

El Partido Popular, por su parte, ha mantenido una posición ambivalente en esta materia –ya que varias comunidades en las que los populares gobiernan cuentan con esta legislación– pero en las cuestiones referentes a la conocida como "batalla cultural" Vox está marcando el paso en la coalición. Prueba de ello es la nueva norma en materia de violencia intrafamiliar o la derogación del decreto de memoria histórica y su sustitución por una "normativa de reconciliación".

El caso asturiano

El Principado de Asturias es la otra comunidad autónoma de España que no cuenta en la actualidad con legislación LGTBI. Curiosamente, se trata de una autonomía gobernada por el PSOE, aunque en el caso asturiano la norma no tardará mucho tiempo en ver la luz, con lo que Castilla y León quedará como la única comunidad sin legislación en esta materia. 

A finales del mes de septiembre, el Ejecutivo autonómico dirigido por el socialista Adrián Barbón presentó el proyecto de Ley de Garantía de los Derechos y Libertades del Colectivo LGTBI. Una norma que será aprobada por el Consejo de Gobierno asturiano durante las próximas semanas y que cuenta con 48 artículos. En este momento, el proyecto de ley se encuentra sometido a información pública.

La situación en el resto de comunidades

Las otras quince comunidades cuentan con legislación relativa al colectivo trans, aunque en el caso de Galicia la norma no contempla la autodeterminación de género para estas personas. Andalucía y Cataluña fueron las primeras comunidades, en el año 2014, en impulsar normativas en esta materia. Les siguió Extremadura, en 2015, y después le tocó el turno a la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y las Islas Baleares en 2016, la primera vez que dos comunidades gobernadas por el PP legislaban en esta materia.

En 2017 llegaría el turno de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad Valenciana, en 2018 se aprobaría en Aragón, en 2019 en el País Vasco, en 2020 en Cantabria, en 2021 en las Islas Canarias y, este mismo año, las dos últimas autonomías en aprobar leyes trans han sido La Rioja y Castilla-La Mancha. Después de que se apruebe la inminente legislación asturiana en este sentido, Castilla y León quedará como la única comunidad autónoma de España sin legislación LGTBI.