El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, denunció que aceptar las enmiendas del PSOE a la ley de acompañamiento de los presupuestos hubiese convertido a Castilla y León en la autonomía con los “impuestos más altos” de toda España. “Es lo que deben saber los ciudadanos, eso es lo que hemos evitado”, dijo, tras el error de PP y Vox al aceptar las enmiendas socialistas que les obligó posteriormente a hacer decaer la ley.

Carriedo criticó que el grupo socialista presentó un “programa completo de subida de impuestos” que suponía, entre otros, la recuperación de Sucesiones y Donaciones, e insistió en que el PSOE “tiene un proyecto fiscal que supone convertir a Castilla y León en la autonomía con impuestos más altos”, cuando en la actualidad es la cuarta en competitividad fiscal, la de mejor tratamiento a las familias numerosas, la segunda en IRPF y una de las tres con tratamiento fiscal para el medio rural.

El consejero portavoz precisó que la política política fiscal del PSOE en su programa electoral incluye una subida de impuestos de 800 millones de euros, mientras “nosotros tenemos beneficios por importe de 600 millones”. “Es muy distinto a lo que plantea el PSOE como alternativa”, comentó en ‘Los Desayunos de Ical’.

Carlos Fernández Carriedo criticó que los socialistas hacen esta propuesta de subida de impuestos bajo una premisa que “no se ha demostrado con el paso del tiempo”, que indica que “bajar impuestos pone en riesgo los servicios básicos”. “Esto supondría que las autonomías con impuestos más altos, las socialistas, tendrían mejores servicios públicos, y es todo lo contrario, porque tienen servicios de peor calidad a los de Castilla y León”, argumentó.

Carriedo manifestó que Castilla y León está entre las autonomías con menos impuestos y con “mejores servicios públicos”, junto a una menor tasas de paro y de nivel de endeudamiento. “Podemos tener el mejor tratamiento fiscal a las familias y el mejor sistema educativo”, apostilló.

Asimismo, defendió que “bajar impuestos ayuda a la economía y subirlos la perjudica” y aseguró que “en el fondo” aunque el PSOE defiende subir impuestos, “hace otra cosa”, para apuntar que barones socialistas “siguen una parte de nuestra política tributaria”, como Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, donde ha acometido una deducción a la mitad de las tasas de caza y pesca. Asimismo, recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez criticaba el “populismo fiscal” de la petición del PP de bajar el IVA a la electricidad, el gas y los alimentos, y “al final ha accedido”.

Carlos Fernández Carriedo insistió en su apuesta por seguir bajando impuestos para ayudar a las familias y las empresas, aunque reconoció que tras las últimas reformas el margen con el que cuentan “no es muy grande”. No quiso adelantar más porque “no vamos a precipitarnos a hacer anuncios que no podemos concretar, somos mas de hacer que de anunciar”.

Por último, se refirió a la posible eliminación de Patrimonio, que estudiarán, pero “no hay ninguna decisión tomada”, dijo, porque quitarlo “no tendría efecto” tras el tributo en la misma dirección aprobado por el Gobierno que duplica el de la Comunidad, y los contribuyentes deberían abonar uno u otro. “Se debe valorar en su conjunto, no sabemos si el impuesto del Gobierno es para siempre o durante un periodo”, dijo, para criticar que “algo que afecta de lleno a los impuestos cedidos, se adopta sin contar con las autonomías”.

Un Gobierno "soberbio"

 “Estamos ante un Gobierno absolutamente soberbio. Pedro Sánchez se caracteriza por escucharse sólo a si mismo, tiene un alto concepto de si mismo, está acostumbrado a no escuchar, a no dar participación a la sociedad en las decisiones y a gobernar como si tuviera una mayoría absolutísima de la que carece”. Con estas palabras el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, denunció la parálisis de la reforma del modelo de financiación autonómica, una demanda en la que, según señaló, la Junta no ha dejado de insistir, aunque "con poco éxito”.

El consejero insistió en que España tiene “el presidente del Gobierno que actúa con más soberbia de todos los de la democracia, y el de menor apoyo parlamentario”. Con todo, aseguró que no cree que exista una posición política en torno a la reforma para “retrasar una decisión”, cuando la propia ministra María Jesús Montero fue consejera en una autonomía y siempre defendió que había que cambiarlo, aunque “lleva cinco años sin tomar una decisión”.

No obstante, Carlos Fernández Carriedo afirmó, en ‘Los Desayunos de Ical’, que no ha perdido la “esperanza” de que se ponga sobre la mesa la propuesta en este ciclo parlamentario, porque “es necesario” porque “hablamos de financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales”. “No puede ser que no haya debate de cómo financiarlo”.

Carriedo recordó la declaración de Santiago de Compostela, en la que ocho presidentes autonómicos exigieron la reforma y “no se han dignado a contestarnos” ni se incluyó un punto en este sentido en la última conferencia de presidentes de La Palma, ni en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Es una demanda de todas las autonomías, pero el Gobierno ha dejado de escuchar, no escucha a las autonomías, a quien podía aportar ideas. Se equivoca en esas decisiones”, sentenció.

El consejero indicó además que la Junta dio respuesta en enero a la propuesta de población ajustada del ministerio y tras once meses “no sabemos nada nuevo”, en un contexto de inflación en el que “siguen aumentando su recaudación pero la financiación no aumenta incluso los fondos que se crearon para la pandemia han desaparecido, cuando gastos han llegado para quedarse con nosotros”.

En este sentido, explicó que Castilla y León cuenta con el presupuesto más elevado de su historia, pero por la llegada de fondos Nueva Generación de la UE, con vigencia limitada en el tiempo y objetivos concretos y por la inflación que ha hecho elevarse de forma artificial la recaudación tributaria, y tampoco “tiene continuidad en el tiempo”.

Así, defendió que “lo que no se puede discutir es que estamos ante un modelo de financiación negativo desde el principio, que se hizo en un contexto de crisis de 2009, que no sirve para hoy y que desde 2014 ha dejado de estar en vigor; llevamos ocho años aplicando un sistema de financiación que no tiene vigencia y fue perjudicial desde el principio, y la demanda de servicios públicos es creciente”.

Carriedo insistió en que la pandemia y otros factores elevan el gasto en servicios básicos; y “sería lógico que si el Estado ha tenido más recaudación por la inflación, destine una parte a financiar servicios públicos que prestamos en los territorios, que han aumentado y tienen un déficit”. Al respecto, recordó que el modelo no cubre ni el gasto de la Comunidad en sanidad, educación y servios sociales, de hecho, “nos faltarían 500 millones”, dijo.

Carlos Fernández Carriedo razonó que la inflación no puede ser una “fuente ordinaria de financiación” sino que es preciso una reforma del sistema si se quieren “servicios de calidad”. “Hay que abordar la financiación porque el sistema que tenemos dejó de tener vigencia hace ocho años y las cosas han cambiado”, resumió.

El consejero también recordó que el año que viene la Junta podrá financiarse con un 0,3 por ciento de déficit, una vía que acabará cuando se establezca de nuevo las reglas fiscales, y en un contexto en el que “los gastos han crecido más de lo que pensábamos”, dijo, para recordar, por ejemplo, el abono adicional del 1,5 por ciento a los empleados públicos, que aún así “pierden poder adquisitivo”.

“Es una realidad, para 2023, el escenario de déficit se cumplirá pero para el futuro será más complejo, pero no pasa desapercibido que el Gobierno se reserva para si la mayor parte, el 3,3 por ciento, y las autonomías, el 0,3 por ciento, lo que supone que de cada 12 euros de déficit, uno es para las autonomías y once para el Gobierno”, apostilló. “El déficit público en España no es responsabilidad de las autonomías”, razonó.

Por último, indicó que este año la Junta mantendrá sus elevados niveles de ejecución presupuestaria, que se mantendrán por encima del 95 por ciento, y se situará de nuevo “entre los gobiernos autonómicos que mejor ejecutan de España”.